" El auto del juez Santiago Pedraz relata cómo entre enero de 1980 y septiembre de 1981, cuando era presidente Fernando Romeo Lucas García, y en otro periodo más amplio hasta 1986, en el que gobernaron Guatemala Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía, desde las estructuras gubernamentales "se entretejió un plan tendente a minimizar la etnia maya, provocando desplazamientos forzados, haciendo de la violencia generada en la propia organización estatal instrumento apto a tales fines".
"Esa violencia", según el auto, "se materializó en plurales asesinatos, torturas, violaciones de mujeres..., haciendo del terror un modus vivendi.No sólo se atacaba físicamente a la etnia maya, sino al conjunto de personas, principalmente sacerdotes misioneros, que denunciaban dichos hechos y prestaban su auxilio a los campesinos, tratando de preservar su dignidad, y el que las atrocidades no cayeran en el olvido".
Las mencionadas actuaciones criminales "iban dirigidas a amedrentar no sólo a la población maya, sino a las personas que les prestaban su ayuda, como forma de castigo y como anuncio o aviso de lo que podía ocurrir a quienes preservaran en su comportamiento humanitario y digno del mayor reconocimiento"...
elPais 8/jullo/2006
del libro Patas Arriba de Eduardo Galeano
El juicio a Ríos Montt enfrenta a Guatemala con el horror de los ochenta
El exdictador Efraín Ríos Montt, en una de las vistas previas del juicio, en Ciudad de Guatemala el pasado 24 de enero. / MOISES CASTILLO (AP)
Después de una lucha de años, contra viento y marea, los familiares de las víctimas de las brutalidades del exgeneral Efraín Ríos Montt podrán ver este martes en el banquillo, juzgado por crímenes contra la humanidad, al hombre que marcó la segunda mitad del siglo XX en Guatemala. Tiene 86 años. Sin descartar aún que los abogados logren un nuevo aplazamiento con alguna treta legal, el juicio enfrentará a Guatemala con el espanto de la guerra contra los movimientos izquierdistas en los años 80. Lo que comienza este martes, 19 de marzo, es un relato, por fin en sede judicial, de los traumas que aún sangran en el país centroamericano.
El 23 de marzo de 1982, un grupo de oficiales jóvenes del Ejército de Guatemala, cansados de la corrupción imperante en la cúpula militar que detentaba el poder y cuya brutalidad había dejado al país aislado del contexto internacional, depuso al sanguinario general Romeo Lucas García y elevó al poder a un general retirado de 55 años llamado Efraín Ríos Montt.
Sin que los “jóvenes oficiales”, en su mayoría tenientes y capitanes, lo sospecharan, su decisión de aupar a Ríos Montt abría un capítulo de la historia de Guatemala que estaría marcado por la errática personalidad del viejo general. Fue jefe del Estado durante 16 meses. Pero su protagonismo político en el pequeño país centroamericano ha durado tres décadas, hasta que el 14 de enero de 2012, entregó su acta de diputado y se retiró de la vida política.
El breve mandato de Ríos pasará a la historia como un periodo de represión indiscriminada contra la población civil que “servía de sustento” a la subversión izquierdista. La doctrina de la tierra arrasada, versión del “quitarle el agua al pez” que los franceses aplicaron en Argelia y los norteamericanos perfeccionaron en Vietnam, se convirtió en el primer mandamiento de los Ejércitos latinoamericanos de los años setenta y ochenta. En Guatemala, oficiales argentinos formados en las academias francesas llegaron a ser asesores muy valorados.
Los informes citados por organizaciones humanitarias estiman que durante el mandato de Ríos Montt, unos 10.000 guatemaltecos, en su mayoría indígenas, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus cuerpos sepultados en fosas comuneso dejados a merced de las aves de rapiña. La represión feroz obligó al campesinado a buscar refugio en campamentos mexicanos. Hubo más de 100.000 desplazados. El informe de la CEH documenta 448 aldeas literalmente borradas del mapa.
No obstante, en el juicio señalado para hoy, Ríos Montt y el que fuera su jefe del temido servicio de inteligencia (la G-2), José Mauricio Rodríguez Sánchez, solo deberán responder por 15 masacres ocurridas en el área conocida como Triangulo Ixil (Quiché, norte). Los hechos costaron la vida a 1.771 personas. De acuerdo con el informe de los forenses, “un 43% de los esqueletos exhumados corresponden a niños de entre cero y 12 años y más del 50%, a mayores de 50 años”.
De izquierda a derecha, el general Horacio Maldonado, el general Efraín Ríos Montt, y el coronel Luis Francisco Gordillo, el 23 de marzo de 1982 tras dar el golpe de Estado. / AP
Antes de entregar el poder a los civiles en 1985, el Ejército destruyó todos los documentos “comprometedores”, lo que impide determinar con exactitud el alcance de la represión y la responsabilidad de los mandos. Pero los informes sobre la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), del malogrado obispo Juan Gerardi, y el de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), patrocinada por la ONU, permiten una aproximación a lo ocurrido.
Al respecto, los defensores de Ríos Montt, que no niegan la “existencia de las víctimas”, insisten en que no hay manera de probar que la orden de exterminio emanara del entonces jefe de Estado. La Fiscalía, por su parte, argumenta que los sindicados no pueden eludir su responsabilidad, “porque como máximas autoridades de las fuerzas castrenses eran informados de los operativos desarrollados por el Ejército”.
En los hechos concretos que se juzgan, 15 matanzas de indígenas, murieron 1.771 personas. El 40% de los cadáveres recuperados eran de niños menores de 12 años
La cadena de mando estaba encabezada por Ríos Montt, en su calidad de jefe del Estado y Comandante General del Ejército; Óscar Humberto Mejía Víctores, ministro de Defensa; y Héctor Mario López Fuentes, jefe del Estado Mayor Presidencial. Estos dos últimos se han librado de ser enjuiciados por razones de salud.
El auge de Ríos Montt, el hombre que, guste o no, marca la historia de la Guatemala de la segunda mitad del Siglo XX, hay que buscarlo en la ausencia de líderes, exterminados por los militares, y en la corrupción con que estos manejaron el país desde las más altas instancias de poder.
A principios de los 80, Guatemala atravesaba una situación de guerra interna. En Nicaragua, los sandinistas habían derrocado al dictador Anastasio Somoza. Las guerrillas salvadoreñas demostraban una fortaleza que hacía viable su ascenso al poder. En Guatemala, los rebeldes ejercían dominio sobre amplios territorios, particularmente en el altiplano de población mayoritariamente indígena.
Hay poderes fácticos del país que no permitirán una dura condena como quieren las víctimas, opinan los analistas
Como contrapartida, las sucesivas dictaduras militares, disfrazadas de democracia por medio de elecciones amañadas, estaban totalmente agotadas. La corrupción y la brutalidad de la represión, que alcanzó una de sus cotas más altas con el salvaje asalto a la Embajada de España el 31 de enero de 1980, hacía que el régimen, totalmente aislado del mundo, se tambaleara. La operación para salvar a Guatemala precisaba de un líder carismático, capaz de dar un golpe de timón a la nave del Estado, totalmente a la deriva.
Para el analista Gustavo Berganza, el contexto histórico es determinante en la deriva político-represiva de Efraín Ríos, quien sufrió la presión de la administración de Ronald Reagan para salvar a Centroamérica del comunismo internacional. Y lo hizo con medios limitados. Estados Unidos le había quitado toda la ayuda militar, por la apuesta del anterior mandatario, Jimmy Carter, en favor de los derechos humanos. Esto permitió a los militares tener una gran autonomía a la hora de enfrentar a la guerrilla. “El hecho de no depender de los militares estadounidenses, como sucedió en El Salvador, hizo que la guerra en Guatemala tomara derroteros diferentes, con asesores israelíes y argentinos. Estos últimos, auténticos maestros de la represión en el continente”, enfatiza.
Para el historiador José Cal, “fue durante los Gobiernos de Romeo Lucas García (1978-1982) y de Efraín Ríos Montt (marzo de 1982 a agosto de 1983) cuando la represión alcanzó su clímax, con ataques directos a las poblaciones civiles. El avance de la guerrilla era evidente. Había creado una base social en estas comunidades, mientras que otras poblaciones se oponían a los controles que el Ejército ejercía sobre ellas. Esto permitió el exterminio masivo de poblaciones y la represión generalizada a cualquier manifestación de oposición política”.
Con respecto al resultado del juicio, el historiador cree que “fruto de la presión internacional”, lo más probable es una condena, aunque recuerda que, por el otro lado, hay poderes fácticos, como la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) que anuncian, recurriendo incluso a la amenaza abierta, que no permitirán la prisión de oficiales “que salvaron a Guatemala de la amenaza del marxismo”.
Gustavo Berganza señala que, de alguna manera, es un despropósito el que solo se procese a Ríos Montt, a quien se le carga toda la responsabilidad de 36 años de guerra. “Él no es el único causante de las 50.000 muertes por las que se le sienta en el banquillo”.
A la niña de siete años la violaron tantos soldados que la mataron”
Incluso en una sociedad endurecida por la violencia como la guatemalteca, los testimonios de las mujeres de la etnia Ixil víctimas de violaciones masivas durante las incursiones militares en las comunidades campesinas, conmocionó este martes a todo el país, en una nueva sesión espeluznante del juicio por genocidio contra elexdictador Efraín Ríos Montt.
Por respeto a la dignidad de las víctimas, la juez Jazmín Barrios, que preside el juicio por las atrocidades cometidas entre 1982 y 1983, pidió a la prensa no revelar las identidades de estas mujeres, que rememoraron ante la justicia el horror vivido hace tres décadas.
La primera de las declarantes narró que todo empezó cuando cuatro soldados tocaron la puerta de su humilde choza. Entraron a la fuerza cuando la entreabrió. “Lo primero que preguntaron fue si les dábamos comida a los guerrilleros. Les respondí que ni siquiera los conocía”, dijo la testigo. “En la casa estaba mi hija, de unos 17 años, y dos de sus hermanos pequeños. Los soldados la desnudaron, le separaron las piernas con fuerza y empezaron a violarla, enfrente de los niños, quienes lloraban de miedo”.
Con la voz quebrada, esta mujer relató que, cuando quiso auxiliar a su hija, uno de los soldados le pegó un culatazo en la boca del estómago y otro en la cara. La fuerza del golpe, añadió, la hizo caer. Perdió un ojo. Añadió que su hija fue violada por los cuatro en la cama del matrimonio. A preguntas de la defensa, añadió que no podría reconocer a los victimarios, pero que tiene la certeza de que eran soldados. En medio de la agresión, los niños pudieron huir y buscar refugio en las montañas.
En la casa estaba mi hija, de unos 17 años, y dos de sus hermanos pequeños. Los soldados la desnudaron, le separaron las piernas con fuerza y empezaron a violarla, enfrente de los niños, quienes lloraban de miedo
Otra testigo dijo que un grupo de soldados llegó hasta su casa sobre las nueve de la noche. La llevaron a un descampado, donde la violaron y dejaron abandonada, desnuda. Añadió que en esa fecha tenía un bebé de 30 días, que murió calcinado cuando los militares quemaron su casa. “Ni siquiera pude enterrarlo, porque la casa estaba en cenizas y yo tenía mucho miedo”, añadió.
Estos hechos se repitieron contra de la población campesina en todas las zonas en las que el Ejército sospechaba de la existencia de campamentos guerrilleros y aplicaba la doctrina de la tierra arrasada. Las violaciones, según el informe de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), de la Conferencia Episcopal Guatemalteca (CEG), “incluyen la muerte. Fueron utilizadas como instrumento de tortura y esclavitud sexual, con la violación reiterada de la víctima”. Las estadísticas señalan que los casos de violencia sexual en contra de mujeres se dieron en uno de cada seis casos en las masacres perpetradas por parte de los soldados o de las paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), voluntarios a lazo utilizados como espías y delatores de sus vecinos.
Pese a que existen denuncias documentadas de 149 víctimas, se cree que hubo más, dados factores como los sentimientos de culpa y vergüenza que acompañan a estos delitos. Una de las mujeres que testificaron pidió a la juez Jazmín Barrios que se guardara su identidad porque ni su familia ni su actual esposo conocían que había sido violada.
Los testimonios, muchos de ellos ya recogidos en el informe de la Comisión Esclarecimiento Histórico (CEH), patrocinada por la ONU, o en el Remhi del obispo Juan Gerardi, adquieren una nueva dimensión cuando cobran vida en mujeres que ahora oscilan entre los 50 y los 60 años, en aquel entonces, apenas adolescentes.
“Si tenés marido, entonces te violan entre cinco y diez soldados. Si sossoltera, entonces son 15 o 20”, dijo una. “Mi tío iba por un camino con su hija y una nieta, cuando se toparon con una patrulla militar. Lograron agarrar a las muchachas. A la niña, de siete años, la mataron, porque fueron muchos los soldados que pasaron sobre ella”.
Los añadidos de crueldad ponen, literalmente, los pelos de punta. “Algunos soldados estaban enfermos de sífilis o gonorrea. La orden fue que estos pasaran los últimos, cuando los sanos ya habían violado a la víctima”. A esto hay que sumar los embarazos no deseados. Todos los testimonios coinciden en señalar a los autores como miembros del Ejército, o de las PAC.
internacional.elpais (2 ABR 2013)
gentileza del face de web Sandino Vive
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