LOS AÑOS OCHENTA EN GUATEMALA: "Un plan entretejido desde el poder para minimizar la etnia maya"

" El auto del juez Santiago Pedraz relata cómo entre enero de 1980 y septiembre de 1981, cuando era presidente Fernando Romeo Lucas García, y en otro periodo más amplio hasta 1986, en el que gobernaron Guatemala Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía, desde las estructuras gubernamentales "se entretejió un plan tendente a minimizar la etnia maya, provocando desplazamientos forzados, haciendo de la violencia generada en la propia organización estatal instrumento apto a tales fines".

"Esa violencia", según el auto, "se materializó en plurales asesinatos, torturas, violaciones de mujeres..., haciendo del terror un modus vivendi.No sólo se atacaba físicamente a la etnia maya, sino al conjunto de personas, principalmente sacerdotes misioneros, que denunciaban dichos hechos y prestaban su auxilio a los campesinos, tratando de preservar su dignidad, y el que las atrocidades no cayeran en el olvido".

Las mencionadas actuaciones criminales "iban dirigidas a amedrentar no sólo a la población maya, sino a las personas que les prestaban su ayuda, como forma de castigo y como anuncio o aviso de lo que podía ocurrir a quienes preservaran en su comportamiento humanitario y digno del mayor reconocimiento"...

elPais 8/jullo/2006

                                                                                                                                                             del libro Patas Arriba de Eduardo Galeano  

El juicio a Ríos Montt enfrenta a Guatemala con el horror de los ochenta

El exdictador Efraín Ríos Montt, en una de las vistas previas del juicio, en Ciudad de Guatemala el pasado 24 de enero. / MOISES CASTILLO (AP)

Después de una lucha de años, contra viento y marea, los familiares de las víctimas de las brutalidades del exgeneral Efraín Ríos Montt podrán ver este martes en el banquillo, juzgado por crímenes contra la humanidad, al hombre que marcó la segunda mitad del siglo XX en Guatemala. Tiene 86 años. Sin descartar aún que los abogados logren un nuevo aplazamiento con alguna treta legal, el juicio enfrentará a Guatemala con el espanto de la guerra contra los movimientos izquierdistas en los años 80. Lo que comienza este martes, 19 de marzo, es un relato, por fin en sede judicial, de los traumas que aún sangran en el país centroamericano.

ASÍ LO CONTÓ EL PAÍS EN 1982

• Golpe de Estado militar en Guatemala
• EDITORIAL: Ajuste de cuentas en Guatemala
• Ríos Montt decreta el estado de sitio en Guatemala

El 23 de marzo de 1982, un grupo de oficiales jóvenes del Ejército de Guatemala, cansados de la corrupción imperante en la cúpula militar que detentaba el poder y cuya brutalidad había dejado al país aislado del contexto internacional, depuso al sanguinario general Romeo Lucas García y elevó al poder a un general retirado de 55 años llamado Efraín Ríos Montt.

Sin que los “jóvenes oficiales”, en su mayoría tenientes y capitanes, lo sospecharan, su decisión de aupar a Ríos Montt abría un capítulo de la historia de Guatemala que estaría marcado por la errática personalidad del viejo general. Fue jefe del Estado durante 16 meses. Pero su protagonismo político en el pequeño país centroamericano ha durado tres décadas, hasta que el 14 de enero de 2012, entregó su acta de diputado y se retiró de la vida política.

Cuerpos de campesinos asesinados en Salacuin, al norte de Guatenala, en 1982.

El breve mandato de Ríos pasará a la historia como un periodo de represión indiscriminada contra la población civil que “servía de sustento” a la subversión izquierdista. La doctrina de la tierra arrasada, versión del “quitarle el agua al pez” que los franceses aplicaron en Argelia y los norteamericanos perfeccionaron en Vietnam, se convirtió en el primer mandamiento de los Ejércitos latinoamericanos de los años setenta y ochenta. En Guatemala, oficiales argentinos formados en las academias francesas llegaron a ser asesores muy valorados.

La lucha contra la subversión de izquierdas llevó a una represión indiscriminada

Los informes citados por organizaciones humanitarias estiman que durante el mandato de Ríos Montt, unos 10.000 guatemaltecos, en su mayoría indígenas, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus cuerpos sepultados en fosas comuneso dejados a merced de las aves de rapiña. La represión feroz obligó al campesinado a buscar refugio en campamentos mexicanos. Hubo más de 100.000 desplazados. El informe de la CEH documenta 448 aldeas literalmente borradas del mapa.

No obstante, en el juicio señalado para hoy, Ríos Montt y el que fuera su jefe del temido servicio de inteligencia (la G-2), José Mauricio Rodríguez Sánchez, solo deberán responder por 15 masacres ocurridas en el área conocida como Triangulo Ixil (Quiché, norte). Los hechos costaron la vida a 1.771 personas. De acuerdo con el informe de los forenses, “un 43% de los esqueletos exhumados corresponden a niños de entre cero y 12 años y más del 50%, a mayores de 50 años”.

De izquierda a derecha, el general Horacio Maldonado, el general Efraín Ríos Montt, y el coronel Luis Francisco Gordillo, el 23 de marzo de 1982 tras dar el golpe de Estado. / AP

Antes de entregar el poder a los civiles en 1985, el Ejército destruyó todos los documentos “comprometedores”, lo que impide determinar con exactitud el alcance de la represión y la responsabilidad de los mandos. Pero los informes sobre la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), del malogrado obispo Juan Gerardi, y el de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), patrocinada por la ONU, permiten una aproximación a lo ocurrido.

Al respecto, los defensores de Ríos Montt, que no niegan la “existencia de las víctimas”, insisten en que no hay manera de probar que la orden de exterminio emanara del entonces jefe de Estado. La Fiscalía, por su parte, argumenta que los sindicados no pueden eludir su responsabilidad, “porque como máximas autoridades de las fuerzas castrenses eran informados de los operativos desarrollados por el Ejército”.

En los hechos concretos que se juzgan, 15 matanzas de indígenas, murieron 1.771 personas. El 40% de los cadáveres recuperados eran de niños menores de 12 años

La cadena de mando estaba encabezada por Ríos Montt, en su calidad de jefe del Estado y Comandante General del Ejército; Óscar Humberto Mejía Víctores, ministro de Defensa; y Héctor Mario López Fuentes, jefe del Estado Mayor Presidencial. Estos dos últimos se han librado de ser enjuiciados por razones de salud.

El auge de Ríos Montt, el hombre que, guste o no, marca la historia de la Guatemala de la segunda mitad del Siglo XX, hay que buscarlo en la ausencia de líderes, exterminados por los militares, y en la corrupción con que estos manejaron el país desde las más altas instancias de poder.

A principios de los 80, Guatemala atravesaba una situación de guerra interna. En Nicaragua, los sandinistas habían derrocado al dictador Anastasio Somoza. Las guerrillas salvadoreñas demostraban una fortaleza que hacía viable su ascenso al poder. En Guatemala, los rebeldes ejercían dominio sobre amplios territorios, particularmente en el altiplano de población mayoritariamente indígena.

Hay poderes fácticos del país que no permitirán una dura condena como quieren las víctimas, opinan los analistas

Como contrapartida, las sucesivas dictaduras militares, disfrazadas de democracia por medio de elecciones amañadas, estaban totalmente agotadas. La corrupción y la brutalidad de la represión, que alcanzó una de sus cotas más altas con el salvaje asalto a la Embajada de España el 31 de enero de 1980, hacía que el régimen, totalmente aislado del mundo, se tambaleara. La operación para salvar a Guatemala precisaba de un líder carismático, capaz de dar un golpe de timón a la nave del Estado, totalmente a la deriva.

Para el analista Gustavo Berganza, el contexto histórico es determinante en la deriva político-represiva de Efraín Ríos, quien sufrió la presión de la administración de Ronald Reagan para salvar a Centroamérica del comunismo internacional. Y lo hizo con medios limitados. Estados Unidos le había quitado toda la ayuda militar, por la apuesta del anterior mandatario, Jimmy Carter, en favor de los derechos humanos. Esto permitió a los militares tener una gran autonomía a la hora de enfrentar a la guerrilla. “El hecho de no depender de los militares estadounidenses, como sucedió en El Salvador, hizo que la guerra en Guatemala tomara derroteros diferentes, con asesores israelíes y argentinos. Estos últimos, auténticos maestros de la represión en el continente”, enfatiza.

“Él no es el único responsable de las 50.000 muertes”, dice un experto

Para el historiador José Cal, “fue durante los Gobiernos de Romeo Lucas García (1978-1982) y de Efraín Ríos Montt (marzo de 1982 a agosto de 1983) cuando la represión alcanzó su clímax, con ataques directos a las poblaciones civiles. El avance de la guerrilla era evidente. Había creado una base social en estas comunidades, mientras que otras poblaciones se oponían a los controles que el Ejército ejercía sobre ellas. Esto permitió el exterminio masivo de poblaciones y la represión generalizada a cualquier manifestación de oposición política”.

Con respecto al resultado del juicio, el historiador cree que “fruto de la presión internacional”, lo más probable es una condena, aunque recuerda que, por el otro lado, hay poderes fácticos, como la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) que anuncian, recurriendo incluso a la amenaza abierta, que no permitirán la prisión de oficiales “que salvaron a Guatemala de la amenaza del marxismo”.

Gustavo Berganza señala que, de alguna manera, es un despropósito el que solo se procese a Ríos Montt, a quien se le carga toda la responsabilidad de 36 años de guerra. “Él no es el único causante de las 50.000 muertes por las que se le sienta en el banquillo”.

A la niña de siete años la violaron tantos soldados que la mataron”

Incluso en una sociedad endurecida por la violencia como la guatemalteca, los testimonios de las mujeres de la etnia Ixil víctimas de violaciones masivas durante las incursiones militares en las comunidades campesinas, conmocionó este martes a todo el país, en una nueva sesión espeluznante del juicio por genocidio contra elexdictador Efraín Ríos Montt.

Por respeto a la dignidad de las víctimas, la juez Jazmín Barrios, que preside el juicio por las atrocidades cometidas entre 1982 y 1983, pidió a la prensa no revelar las identidades de estas mujeres, que rememoraron ante la justicia el horror vivido hace tres décadas.

La primera de las declarantes narró que todo empezó cuando cuatro soldados tocaron la puerta de su humilde choza. Entraron a la fuerza cuando la entreabrió. “Lo primero que preguntaron fue si les dábamos comida a los guerrilleros. Les respondí que ni siquiera los conocía”, dijo la testigo. “En la casa estaba mi hija, de unos 17 años, y dos de sus hermanos pequeños. Los soldados la desnudaron, le separaron las piernas con fuerza y empezaron a violarla, enfrente de los niños, quienes lloraban de miedo”.

Con la voz quebrada, esta mujer relató que, cuando quiso auxiliar a su hija, uno de los soldados le pegó un culatazo en la boca del estómago y otro en la cara. La fuerza del golpe, añadió, la hizo caer. Perdió un ojo. Añadió que su hija fue violada por los cuatro en la cama del matrimonio. A preguntas de la defensa, añadió que no podría reconocer a los victimarios, pero que tiene la certeza de que eran soldados. En medio de la agresión, los niños pudieron huir y buscar refugio en las montañas.

En la casa estaba mi hija, de unos 17 años, y dos de sus hermanos pequeños. Los soldados la desnudaron, le separaron las piernas con fuerza y empezaron a violarla, enfrente de los niños, quienes lloraban de miedo

Otra testigo dijo que un grupo de soldados llegó hasta su casa sobre las nueve de la noche. La llevaron a un descampado, donde la violaron y dejaron abandonada, desnuda. Añadió que en esa fecha tenía un bebé de 30 días, que murió calcinado cuando los militares quemaron su casa. “Ni siquiera pude enterrarlo, porque la casa estaba en cenizas y yo tenía mucho miedo”, añadió.

Efraín Ríos Montt, durante el juicio.

Estos hechos se repitieron contra de la población campesina en todas las zonas en las que el Ejército sospechaba de la existencia de campamentos guerrilleros y aplicaba la doctrina de la tierra arrasada. Las violaciones, según el informe de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), de la Conferencia Episcopal Guatemalteca (CEG), “incluyen la muerte. Fueron utilizadas como instrumento de tortura y esclavitud sexual, con la violación reiterada de la víctima”. Las estadísticas señalan que los casos de violencia sexual en contra de mujeres se dieron en uno de cada seis casos en las masacres perpetradas por parte de los soldados o de las paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), voluntarios a lazo utilizados como espías y delatores de sus vecinos.

Pese a que existen denuncias documentadas de 149 víctimas, se cree que hubo más, dados factores como los sentimientos de culpa y vergüenza que acompañan a estos delitos. Una de las mujeres que testificaron pidió a la juez Jazmín Barrios que se guardara su identidad porque ni su familia ni su actual esposo conocían que había sido violada.

Los testimonios, muchos de ellos ya recogidos en el informe de la Comisión Esclarecimiento Histórico (CEH), patrocinada por la ONU, o en el Remhi del obispo Juan Gerardi, adquieren una nueva dimensión cuando cobran vida en mujeres que ahora oscilan entre los 50 y los 60 años, en aquel entonces, apenas adolescentes.

“Si tenés marido, entonces te violan entre cinco y diez soldados. Si sossoltera, entonces son 15 o 20”, dijo una. “Mi tío iba por un camino con su hija y una nieta, cuando se toparon con una patrulla militar. Lograron agarrar a las muchachas. A la niña, de siete años, la mataron, porque fueron muchos los soldados que pasaron sobre ella”.

Los añadidos de crueldad ponen, literalmente, los pelos de punta. “Algunos soldados estaban enfermos de sífilis o gonorrea. La orden fue que estos pasaran los últimos, cuando los sanos ya habían violado a la víctima”. A esto hay que sumar los embarazos no deseados. Todos los testimonios coinciden en señalar a los autores como miembros del Ejército, o de las PAC.

internacional.elpais (2 ABR 2013)

gentileza del  face de  web Sandino Vive

Tsunami geopolítco en el Cono Sur

Tsunami geopolítco en el Cono Sur

 Adital

La tarde del 22 junio cuando el Senado de Paraguay votó el "juicio político” al presidente Fernando Lugo, se disparaba la mayor crisis política que conoció el Mercosur en más de 20 años. Las fichas aún no terminaron de acomodarse en el tablero, pero es seguro que el temblor ha sido tan fuerte que con el paso del tiempo nada quedará en su lugar.
En Paraguay las fuerzas políticas y económicas más retrógradas han ganado espacios, abriendo la posibilidad de estrechar alianzas con Estados Unidos que gana un aliado en un lugar donde puede hacer mucho daño a Brasil. La sanción a Paraguay, adoptada tanto por el Mercosur como por la Unasur, permitió el ingreso de Venezuela al Mercosur que estaba pendiente desde 2006 por la negativa del parlamento de Paraguay a aprobar lo que ya habían decidido Brasil, Argentina y Uruguay.
China aprovechó el momento para dar un paso adelante en su relación con la región al proponer un tratado de libre comercio al Mercosur. Paraguay no sólo bloqueaba el ingreso de Venezuela sino que es uno de los pocos países del mundo que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán y no con China, lo que revela el carácter de su dirigencia política.

Lección "pedagógica” a Paraguay
El conservador Folha de São Paulo fue el primer medio internacional en titular que el golpe de Paraguay es similar al realizado en Honduras en 2009. En Brasil, incluso los conservadores observan con preocupación los cambios que se están produciendo en la región.
La destitución de Lugo tomó por sorpresa al gobierno de Dilma Rousseff, cuyos principales ministros estaban pendientes de la cumbre Rio+20. El 21 de junio, cuando el parlamento de Asunción decidió que al día siguiente se realizaría el juicio político contra Lugo, Dilma decidió que la respuesta fuera colectiva y estuviera a cargo de la Unasur y del Mercosur. A las 19 horas el canciller Antonio Patriota partió rumbo a Paraguay junto a los cancilleres de Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela[1].
Al día siguiente se sumaron los demás. Lo que escucharon y lo que vieron luego de entrevistarse con parlamentarios y dirigentes políticos paraguayos, quienes prácticamente se negaron a escuchar sus argumentos, los convenció de la necesidad de dar una "lección pedagógica” a la clase política de ese país[2].
El centro de investigaciones BASE Investigaciones Sociales sostiene que la derecha paraguaya es "una de las más retrógradas, reaccionarias y serviles de América Latina, producto del particular desarrollo capitalista en Paraguay y de su histórica vocación autoritaria”[3]. Además sostiene que la masacre de Curuguaty "fue un plan montado de antemano, implementado cuando pudieron juntar los votos necesarios en el Parlamento”[4].


Uno de los grandes virajes que hubo en Paraguay bajo la presidencia de Lugo, es que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que había sido un importante foco de resistencia a la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), traicionó a sus bases y a su historia y se convirtió en un partido más al servicio de las elites empresariales corruptas vinculadas al contrabando, el narcotráfico y la apropiación ilegal de tierras.
La dictadura facilitó la fusión entre un empresariado ligado a negocios ilegales y el Partido Colorado, que fue el partido-Estado de Stroessner, que gobernó Paraguay durante 60 años ininterrumpidos (desde la guerra civil de 1947 hasta 2008 cuando gana Lugo) en alianza con los militares y gran parte del tiempo bajo el estado de sitio.
La tierra es el mejor ejemplo del tipo de elites que se crearon en Paraguay. Según la FAO, la concentración de la tierra es la más desigual del mundo ya que el 80% está en manos del dos por ciento de los propietarios[5]. La dictadura se sostuvo entregando tierras a militares, empresarios y miembros del Partido Colorado, que consigna la Comisión Verdad y Justicia en su informe final entregado en 2008[6].

El informe establece que entre 1954 y 1989 se entregaron de modo ilegal 6,7 millones de hectáreas, a las que se deben sumar otro millón entregadas de forma irregular entre 1989 y 2003. A esas tierras el informe las denomina "tierras malhabidas” que suman el 32,7% de la superficie arable del país y el 20% de la superficie total de Paraguay[7].
Una parte considerable de esas tierras, sobre todo en los departamentos fronterizos, fueron entregadas a hacendados brasileños, los brasiguayos, que hoy detentan alrededor de 5 millones de hectáreas según el investigador Marcos Glauser[8]. En el departamento donde se realizó la masacre de Caraguaty, en Canindeyú, los brasiguayosposeen el 40% de la tierra y el 80% de los cultivos de soya[9].
Ese empresariado y esa derecha forzaron la destitución de Lugo, exigiendo mano dura contra los campesinos que ocupan tierras malhabidaspara que sean usadas para la reforma agraria. Tanto el Mercosur como la Unasur decidieron en la cumbre de Mendoza, el 29 de junio, poner un freno a un modelo de "golpe constitucional” que se estrenó en Honduras en 2009 y prosiguió en Paraguay.

Es cierto, como ha sido denunciado por diversos medios, que la multinacional Monsanto presionaba para que se liberara el algodón transgénico, que otra multinacional, Rio Tinto Alcan, quiere instalarse en Paraguay aprovechando su energía abundante y barata, y que los Estados Unidos venían alentando la destitución de Lugo desde 2009[10]. Pero estas presiones habrían fracasado si no existiera una clase política corrupta.


El Mercosur en su hora más difícil
Todos los gobiernos de la región, incluso los países gobernados por la derecha como Chile y Colombia, consiguieron tomar una decisión común: ambos organismos suspendieron a Paraguay hasta las elecciones de abril de 2013 y mostraron unanimidad y distancia de Washington aún en una situación compleja porque se trató de un golpe de Estado de nuevo tipo.
Ni la Unasur ni el Mercosur impulsaron sanciones económicas contra Paraguay. Esto se debe a dos cuestiones. Paraguay es un gran proveedor de energía a Brasil, de la represa de Itaipú, y a la Argentina, por la de Yacyretá. Además, sus vecinos no quieren que Paraguay se retire de esas organizaciones ya que puede estar tentado a firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y a instalar bases militares en su territorio.

Algo de eso insinuó el nuevo presidente Federico Franco cuando dijo que con las sanciones "terminó la tutela de los países vecinos”, y aseguró que ahora "Paraguay está liberado para tomar decisiones”[11]. Por eso Brasil logró convencer a Hugo Chávez para que no interrumpa el suministro de petróleo a Paraguay.
No será fácil que Paraguay renuncie a la región pues tiene una enorme dependencia de sus vecinos. El 55% de sus exportaciones van al Mercosur siendo Brasil su principal mercado, sobre todo soya, carnes, cereales y oleaginosas[12]. Siendo un país mediterráneo, toda su producción sale por los puertos brasileños y argentinos de los cuales tiene una total dependencia, así como de sus carreteras.
Sin embargo, el golpe en Paraguay no consigue disimular las dificultades del Mercosur, aquejado por la crisis mundial y el ascenso de China. Existe una fuerte disputa entre Argentina y Brasil y entre los dos pequeños (Uruguay y Paraguay) con los dos grandes del bloque. La alianza está paralizada porque lo que conviene a unos perjudica a los otros.
Expresión de las dificultades fue la renuncia del embajador Samuel Pinheiro Guimarães, Alto Representante General del Mercosur, en la reciente cumbre en Mendoza. En su carta-relatorio de despedida traza un lúcido análisis sobre la realidad actual del bloque.
Señala que la crisis económica en Europa y Estados Unidos y el ascenso de China generan un enorme flujo de capitales hacia el sur que "erosiona los vínculos comerciales intra-Mercosur que son el principal cimiento del proceso de integración”[13]. La desindustrialización se deriva de esas políticas y debe ser enfrentada utilizando los recursos de la exportación de commodities.

Pinheiro asegura que la Unasur "no puede ser la piedra fundamental para la construcción del bloque económico de América del Sur” porque Chile, Colombia y Perú firmaron tratados de libre comercio con Estados Unidos, lo que imposibilita la construcción de políticas regionales de promoción del desarrollo.
Por eso cree que el bloque regional debe ser formado "a partir de la expansión gradual del Mercosur”, incluyendo a Venezuela, Ecuador, Bolivia, Surinam y Guyana. Los últimos deberán contar con condiciones de ingreso especiales por su bajo nivel de desarrollo y el interés político que tienen para la región.
Para avanzar, dice el embajador, el bloque debe aumentar de forma significativa la coordinación política y la cooperación económica. "La característica central del Mercosur son las asimetrías”, explica, que provocan tensiones políticas. Apuesta por una fuerte expansión de los recursos del Fondo para la Convergencia Estructural para favorecer a los más pequeños, que hoy cuenta con apenas 100 millones de dólares anuales.
Quizá el momento más luminoso de su carta sea el párrafo 34: "En un mundo multipolar, en crisis, con grandes cambios de poder, no es del interés de ningún bloque o de ninguna gran potencia la constitución o el fortalecimiento de un nuevo bloque de Estados, en especial si son periféricos. Cualquier gran potencia considera más conveniente negociar acuerdos con Estados aislados, en especial si son países subdesarrollados, más débiles económica y políticamente”[14].
Sólo a los miembros del Mercosur les interesa su bloque. Sin embargo, cuando fue creado en 1991 no fue concebido como organismo para promover el desarrollo sino como unión aduanera para promover el libre comercio. La propuesta de Pinheiro consiste en que sea capaz de impulsar un desarrollo regional armonioso y equilibrado, eliminando las asimetrías y construyendo una legislación común de modo gradual.
Este viraje es necesario porque las respuestas de los países industrializados a la crisis son "una verdadera suspensión, en al práctica, de los acuerdos de la OMC negociados en la época de hegemonía del pensamiento neoliberal”[15].
Si el Mercosur no da estos pasos, "podrá sobrevivir pero siempre de modo claudicante y no se transformará en un bloque de países capaz de defender y promover sus intereses en este nuevo mundo que surgirá de las crisis que vivimos”. El diagnóstico hecho por uno de los más destacados intelectuales de Brasil, parece acertado. Los próximos años dirán si hay voluntad política para cambiar el rumbo.

China da un paso al frente
Wen Jiabao, primer ministro chino, visitaba la región cuando se producía el golpe en Paraguay. El momento álgido de su visita a Brasil, Uruguay y Argentina, fue la videoconferencia que mantuvo desde Buenos Aires el lunes 25 con Dilma Rousseff, Cristina Fernández y José Mujica.
Según la agencia china Xinhua, el primer ministro hizo tres propuestas: fortalecer la confianza mutua y la comunicación estratégica con el Mercosur, duplicar el comercio para 2016 llevándolo a 200.000 millones de dólares, además de las inversiones y la cooperación financiera y tecnológica, y fomentar las relaciones bilaterales en el campo de la educación y la cultura[16].
La propuesta de Wen Jiabao fue interpretada por sus interlocutores como lo que realmente es: una vasta alianza estratégica que incluye un tratado de libre comercio China-Mercosur. A destacar que se aprovechó que Paraguay estaba por ser suspendido del Mercosur, ya que no tiene relaciones con China. Al día siguiente realizó una importante disertación en la CEPAL, en Santiago de Chile.
Allí realizó la propuesta dirigida a América Latina y el Caribe consistente en "combatir el proteccionismo”, "profundizar la cooperación estratégica” y abrir nuevos mercados con el objetivo de que el intercambio comercial bilateral "supere los 400.000 millones de dólares en el próximo lustro”[17]. Propuso la creación de un fondo de cooperación al que China hará un aporte inicial de 5.000 millones de dólares y una línea de crédito del Banco de Desarrollo de China para la construcción de infraestructuras.
Además propuso una amplia cooperación agrícola y establecer un mecanismo de reserva alimentaria de emergencia de 500 mil toneladas destinado a contingencias naturales y ayuda alimentaria, incluyendo la instalación de centros de investigación y desarrollo en ciencia y tecnología agrícolas.
La oferta china luce tentadora en momentos en que el Mercosur atraviesa enormes dificultades. La CEPAL elaboró un documento titulado "Diálogo y cooperación ante los nuevos desafíos globales”[18]. Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de CEPAL, señaló en el prólogo que la región está ante una oportunidad histórica para dar un salto en infraestructura, innovación y recursos humanos, o sea "traducir la renta de los recursos naturales en formas variadas de capital humano, físico e institucional”.
Para eso debe atraer inversión directa de China que le permita diversificar las exportaciones. De los más de 40 apartados que incluye el documento, uno debería ser especialmente atendido por los países de América del Sur: hacia 2030 dos tercios de la población de clase media vivirán en la región Asia-Pacífico frente a sólo el 21% que lo harán en Europa y América del Norte.
En consecuencia, la clase media asiática se transformará en "mercado clave para los alimentos, confecciones de mayor calidad, turismo, fármacos, servicios médicos, retail y artículos de lujo”, lo que permitirá que América Latina diversifique sus exportaciones y les sume valor agregado[19]. Agrega que la internacionalización del renminbi puede beneficiar a la región ya que China se convirtió en su segundo socio comercial.
Entre las conclusiones se destaca que el ascenso de China permite a la región sudamericana prolongar el ciclo favorable de términos de intercambio que vive desde 2003. "Si no se aprovecha bien el momento, podría acentuarse el proceso de reprimarización exportadora, estableciendo modalidades renovadas del vínculo centro-periferia”.
Para conseguirlo la CEPAL apunta la necesidad de establecer una "agenda regional concertada de prioridades”, que supere las iniciativas unilaterales. O sea, lo decisivo es lo que denomina como el "desafío interno”. En este punto decisivo, el análisis de Samuel Pinheiro y de la CEPAL coinciden plenamente. Sin embargo, la guerra comercial entre los miembros del Mercosur sigue siendo un factor de desestabilización.
Las divisiones a menudo escalan de la economía a la política. El ingreso de Venezuela decidido en la cumbre de Mendoza provoca reacciones encontradas. Según el canciller uruguayo Luis Almagro, Dilma presionó para que se tomara esa decisión que Mujica quería postergar porque no acordaba con las formas[20]. Marco Aurelio García, asesor de la presidenta de Brasil en cuestiones internacionales, afirma que la decisión se tomó por consenso y que el estilo de la diplomacia de su país no es presionar[21].
Este es el tipo de problemas al que alude Pinheiro: falta de confianza mutua, falta de visión estratégica, predominio de las cuestiones locales por sobre las generales y del corto plazo sobre el largo, incapacidad de comprender los cambios globales. Dicho en palabras del italiano Antonio Gramsci, es el predominio de la "pequeña política”. Lo que está en juego es demasiado importante y no todos parecen comprenderlo.
[Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el "Informe Mensual de Zibechi” para el Programa de las Américas www.cipamericas.org/es].
Notas:
[1] "Dilma comanda reação para evitar queda do paraguayo”, Folha de São Paulo22 de junio de 2012.
[2] "Brasil discute afastar Paraguai do Mercosul como punição por impeachment”, Folha de São Paulo, 24 de junio de 2012.
[3] "El porqué del golpe en Paraguay y los escenarios para el 2013”, BASE IS, 25 de junio de 2012.
[4] La masacre de Curuguaty fue un incidente entre policías y francotiradores infiltrados entre los campesinos que ocupaban una hacienda obtenida ilegalmente por Blas Riquelme, ex senador del Partido Colorado, en el que murieron 17 personas entre campesinos y policías. Es la primera vez en la historia de las miles de ocupaciones de tierras realizadas por los campesinos en que se producen muertos y el hecho fue usado para destituir a Lugo.
[5] BASE IS, Comunicado a la opinión pública, 21 de junio de 2012.
[6] La Comisión Verdad y Justicia comenzó a redactar su informe sobre la dictadura en 2004, bajo el gobierno del colorado Nicanor Duarte y estuvo presidida por monseñor Mario Melanio Medina.
[7] Comisión de Verdad y Justicia, Informe Final, Tierras Mal Habidas, tomo IV, Asunción, 2008, pp. 25 y 26.
[8] Marcos Glauser, Extranjerización del territorio paraguayo, Asunción, BASE IS, 2009.
[9] Idem pp. 31 y 32.
[10] Idilio Méndez Grimaldi, "Los muertos de Curuguaty y el juicio político a Lugo”, Rebelión, 21 de junio de 2012 y "La conspiración se instaló hace mucho”, Página 12, 29 de junio de 2012.
[11] "Paraguai ameaça procurar outros sócios se for suspenso do Mercosul”, France Presse, Asunción, 29 de junio de 2012.
[12] ABC, 26 de juno de 2012.
[13] Samuel Pinheiro Guimarães, Relatório ao Conselho de Ministros, Mercosur, junio 2012.
[14] Idem. p. 9.
[15] Idem. p. 14.
[16] Xinhua, Buenos Aires, 25 de junio de 2012.
[17] "Texto del discurso del primer ministro chino ante CEPAL”, Xinhua, Santiago, 26 de junio de 2012.
[18] CEPAL, Santiago, 2012.
[19] Idem. p. 16.
[20] http://www.elobservador.com.uy/noticia/227266/almagro-34asi-no-mercosur34/
[21] "Não fizemos pressão sobre nenhum país”, Folha de São Paulo, 2 de julio de 2012.
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fotos agregadas por ALINE CASTRO

FREI BETTO : "Paraguay, democracia falsificada"

¿Usted compraría güisqui o un bolso Louis Vuitton contrabandeados del Paraguay? Seguro que desconfiaría de su calidad. Pues eso vale también para la “nueva democracia” impuesta por el golpe que derribó al presidente Fernando Lugo.

El país fue gobernado durante 61 años por el Partido Colorado, al que pertenecía el general Stroessner, y al que está afiliado también el actual presidente golpista, Federico Franco. Después de 35 años bajo la dictadura de Stroessner el pueblo paraguayo eligió a Lugo presidente en abril del 2008. Estaba yo en Asunción y lo acompañé a votar. Había esperanza de que el país, rescatado para la democracia, habría de reducir la desigualdad social.

El nuevo gobierno se volvió vulnerable al no cumplir importantes promesas de campaña, como la reforma agraria, y distanciarse de los movimientos sociales. El 20 % de los propietarios rurales del país son dueños del 80 % de las tierras. Hay que incluir en la cuota a los “brasilguayos”, terratenientes que expulsaron a pequeños agricultores de sus tierras para expandir allí sus latifundios.

Falló después al aprobar la ley antiterrorista y la militarización del norte del país, desarticulando los liderazgos de campesinos y criminalizando a los movimientos sociales. Tampoco supo depurar el aparato policial, herencia maldita de Stroessner.

En juicio sumario, el 22 de junio el Congreso destituyó a Lugo, sin permitirle un amplio derecho de defensa. Es el llamado “golpe constitucional”, adoptado por los EE.UU. en Honduras, y ahora en el Paraguay. A la Casa Blanca le preocupa el progresivo número de países latinoamericanos gobernados por líderes identificados con los anhelos populares e incómodos para los intereses de la oligarquía.


Al contrario de Zelaya en Honduras, Lugo ni siquiera pensó, al ser apartado, en convocar a los movimientos sociales para presentar resistencia, aunque contase con la solidaridad unánime de los gobiernos de la UNASUL.

Es el segundo sacerdote católico elegido presidente de un país en el continente americano. El primero fue Jean-Bertrand Aristide, que gobernó Haití en 1991, de 1994 a 1996, y del 2000 al 2004. Ambos decepcionaron a sus bases de apoyo. No supieron llevar a la práctica el discurso de la “opción por los pobres”. Dubitativos delante de las élites, a las que hicieron importantes concesiones, no confiaron en las organizaciones populares.

Los obispos paraguayos apoyaron la destitución de Lugo. Y el Vaticano los respaldó. Lo cual no sorprende a quien conoce la historia de la Iglesia Católica del Paraguay y su complicidad con la dictadura de Stroessner, cuando los campesinos eran masacrados y los opositores políticos torturados, exiliados y asesinados.

La lógica institucional de la Iglesia Católica juzga como positivo a un gobierno que la favorezca, y no que favorezca al pueblo. Exactamente lo contrario de lo que enseña el Evangelio, para el cual el derecho de los pobres es el criterio prioritario al evaluar cualquier ejercicio de poder.

La caída de Zelaya y de Lugo demuestra que la política intervencionista de los EE.UU. continúa. Ahora con una nueva modalidad: valiéndose de artimañas legales para promover juicios sumarios. Aunque la última tentativa de golpe, en el 2002, al presidente Chaves, de Venezuela, no dio resultado. Al contrario, toda la América Latina reaccionó en defensa de la legalidad y la democracia.

De todo esto les queda una importante lección a los gobiernos progresistas de Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y a los vacilantes como El Salvador y Perú. Elección no es revolución. Cambian los dirigentes pero no la naturaleza del poder ni el carácter del Estado. Ni suprime la lucha de clases. Por tanto hay que asegurar la gobernabilidad en el torbellino de esa paradoja. ¿Cómo hacerlo?

Hay dos caminos: a través de alianzas y concesiones a las fuerzas oligárquicas o mediante la movilización de los movimientos sociales y la implantación de políticas que se traduzcan en cambios estructurales.

La primera opción es más seductora para el elegido, aunque más fácil de quedar vulnerable a la “mosca azul” y acabar cooptado por las mismas fuerzas políticas y económicas anteriormente identificadas como enemigas. La segunda vía es más estrecha y ardua, pero presenta la ventaja de democratizar el poder y convertir a los movimientos sociales en sujetos políticos.

La primavera democrática en que vive América Latina puede transformarse dentro de poco en un largo invierno, en caso de que los gobiernos progresistas y sus instituciones como UNASUL, MERCOSUL y ALBA no se convenzan de que fuera del pueblo movilizado y organizado no hay salvación. 

(Traducción de J.L.Burguet)

- Frei Betto es escritor, autor de “La mosca azul. Reflexión sobre el poder”, entre otros libros. www.freibetto.org/> twitter:@freibetto.

fotos agregadas por ALINE CASTRO

UMA NOVA OPERAÇÃO CONDOR

Laerte Braga
(especial para o QTMD)

Ives Gandra Martins é um dos mais expressivos integrantes da OPUS DEI. A OPUS DEI é uma ordem terrorista que atualmente controla o Vaticano (indicou o papa anterior e o atual) Uma das razões da decadência da Igreja Católica Romana, o que não significa que não tenha força e poder, já que abriga banqueiros, grandes empresários e latifundiários.

O filme O CÓDIGO DA VINCI mostra o perfil da ordem.

Para Ives Gandra Martins não houve golpe de estado no Paraguai, mas um exemplo de “procedimentos democráticos”.

Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, é outro dos integrantes da OPUS DEI no Brasil. Em séculos passados similares que acabaram por gerar a ordem queimavam em fogueiras seus desafetos ou adversários.

Em entrevista concedida à CARTA MAIOR o ativista paraguaio de direitos humanos Martin Almada declarou que “o recente golpe que destituiu Fernando Lugo da presidência de seus país revela a atualidade da Operação Condor, considerada a maior ação articulado de terrorismo de Estado já imposta ao povo latino-americano”.

Almada recebeu o Prêmio Nobel da Paz alternativo e foi o responsável pela descoberta, no Paraguai, do chamado “arquivo do terror”, que “contém os principais registros conhecidos da Operação Condor, a articulação dos aparelhos repressivos do Brasil, Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai que, a partir da década de 1960, sob a coordenação dos Estados Unidos, garantiram o extermínio das forças resistentes à implantação de um modelo econômico favorável aos interesses das oligarquias locais e das multinacionais que elas representam”.

A professora Neuzah Cerveira, em sua tese de doutorado, denuncia com provas claras e precisas que a Operação Condor vive sua fase IV, a de controle dos governos hostis naquilo que Almada chama de “golpes mais suaves”. O que não significa que, à frente, eventuais golpes como o de 64 possam se repetir.

Esse risco no Brasil é menor que em outros países como Argentina, Equador, Bolívia, entre outros, pois o País perdeu sua dimensão de carro chefe da América Latina no cerco imposto pelos EUA através do chamado Plano Grande Colômbia (voltado para a Região Amazônica) e agora, no golpe no Paraguai, que permite o controle da Tríplice Fronteira.

As características do nosso País, que abriu mão de avanços tecnológicos capazes de catapultá-lo à condição de potência de fato, criou uma “potência” dependente de tecnologias básicas e a RIO + 20 mostrou que o grande impasse na farsa do desenvolvimento sustentável está na transferência de tecnologias das grandes potências para países emergentes.

Em 2001 o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães denunciava essa realidade em seu livro QUINHENTOS ANOS DE PERIFERIA (Editora Contraponto em convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

“Implantar por tratado e preservar uma organização política internacional de âmbito universal, de duração indefinida e garantir o direito de veto dos Estados Unidos nas decisões dessa organização e a preponderância das decisões do governo americano sobre qualquer decisão internacional”.

Hitler quando quis definir esse tipo de situação falou num REICH de dois mil anos.

Os dois pontos principais nessa questão são “é que primeiro foram criadas duas classes de Estado: os que detêm o poder de impedir a ação das Nações Unidas e os que não detêm esse poder e são obrigados a cumprir as decisões do Conselho de Segurança, órgão supremo com poder de exercer a força militar e de obrigar através de sanções, o comportamento dos Estados” – mesmo Samuel Pinheiro Guimarães, no mesmo trabalho.

E o detalhe fundamental revelado pelo embaixador que, em meio à crise que resultou no golpe contra Lugo, se demitiu do cargo de Alto Comissário do MERCOSUL, por não sentir firmeza dos países na repulsa ao golpe, na ação política contra as elites que controlam essa parte do mundo.

“Agir para a implantação e permanência de regimes políticos, se conveniente (grifo meu), democráticos e representativos, em terceiros países que melhor assegurem a influência e a defesa dos interesses políticos e econômicos americanos… Auxiliar os movimentos políticos de oposição a governos que contrariem os interesses americanos e contestem as suas iniciativas políticas”.

O trabalho do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, 3ª edição, 2001, ao considerar determinados aspectos da política dos EUA nessa direção, golpes, ditaduras, democracias quando “convenientes”, prevê o que aconteceu na Líbia, no Iraque e agora se tenta na Síria e contra o Irã.

“A técnica subversiva de favorecer e apoiar inclusive com armas e recursos províncias, minorias étnicas e tribais, seitas religiosas contra o governo central, democrático ou não, que se oponha a interesses americanos, é uma constante na política americana anterior a Reagan e a Carter os quais apenas escancararam e legitimaram”.

O Paraguai é algo como um país semi independente. Ou foi até a derrubada de Lugo. A tradicional influência brasileira começa a desabar com a proximidade dos EUA e a perspectiva de uma base militar ali. A Líbia foi destroçada quando a OTAN, braço desse terrorismo de Estado, financiou e armou tribos para lutar contra Kaddafy. É o que acontece na Síria.

O alvo na América Latina? Num primeiro momento o governo do venezuelano Hugo Chávez, imbatível nas urnas e num segundo momento, o cerco do Brasil. Há uma apenas uma diferença em relação a questão militar. Um simples operador de controles remotos, assentado numa sala com ar condicionado e todo o conforto, opera pelo menos quatro aviões drones, invisíveis, capazes de reduzir o custo de uma guerra, com poder de destruição maior.

A aparente fragmentação de todo esse conjunto de informações, dados e denúncias, é apenas aparente. São fatores que se somam em ações golpistas mundo afora e particularmente na América Latina, como aconteceu em Honduras e acontece no Paraguai.

O golpe no Paraguai foi dado por latifundiários brasileiros associados a brasileiros latifundiários naquele país e contou com apoio do conjunto de forças de direita, base parlamentar no Brasil, caso do senador Álvaro Dias, não por acaso irmão de Osmar Dias, governador do Paraná. As exportações paraguaias ocorrem através do porto de Paranaguá naquele estado brasileiro.

Um golpe que correu paralelo ao governo brasileiro que, num dado momento, se viu presa da própria diplomacia de um ministro das Relações Exteriores que pensa e age como pensam e agem os golpistas, como pensam e agem as empresas participantes da do podre esquema do agronegócio, CARGILL e MONSANTO por exemplo. Foi clara a cumplicidade do Conselho de Imigrantes Brasileiros naquele país em ação que entre outras coisas, preservava interesses comuns, preservou (não há volta mais pelo menos nesse momento) e fragiliza a olhos vistos a posição do Brasil potência.

É hora de rever conceitos e buscar caminhos próprios, que escapem do modelo concebido para durar indefinidamente como denuncia Samuel Pinheiro Guimarães, Martin Almada, Neuzah Cerveira, hoje, com forte presença de Israel, a corporação com o maior número de ações de outra corporação, os Estados Unidos.

O que está em curso é uma fase da OPERAÇÃO CONDOR, algo maior que se possa imaginar. Se não houver reação efetiva, a nossa democracia será sempre ou terá a durabilidade da conveniência dos interesses dessa gente. Dois segmentos, vamos chamar assim, se aliam a grupos de direita como a OPUS DEI e se manifestam claramente contra a democracia plena. O latifúndio e as igrejas neopentecostais, os evangélicos. São os que recebem auxílio direto e têm interesses comuns.

O Paraguai que encontrava um caminho de independência para si e seu povo massacrado desde a guerra contra o Brasil (financiada pelos britânicos e sem nenhum ato de bravura, só de covardia), a rigor colônia brasileira desde esse conflito, passa agora a ser colônia da corporação ISRAEL/EUA TERRORISMO HUMANITÁRIO S/A.

Um dos primeiros apoios que o presidente golpista recebeu foi do Núncio Apostólico, porta-voz do Vaticano e da OPUS DEI naquele país.

Já os trabalhadores paraguaios dançaram.

*Laerte Braga é jornalista e colaborador do “Quem tem medo da democracia?”, onde mantém a coluna “Empodera Povo“.

=> A charge é do cartunista Carlos Latuff.

UNASUR y ALBA bajo la INJERENCIA IMPERIAL: USAID admite que financia a la oposición en países de la ALBA

Los Estados Unidos reiteraron ayer su disposición para financiar a grupos opositores en algunos países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), un mecanismo de integración política, económica y social creado en 2004.
Según Mark Feierstein, administrador adjunto para América Latina y el Caribe de la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), Washington prioriza el apoyo a las fuerzas opositoras que “están luchando por los derechos humanos y la democracia” en esas naciones, según lo recogió ayer Prensa Latina y otros medios internacionales.
Feierstein confirmó que la Casa Blanca mantiene una estrecha relación y entrega fondos a sectores antigubernamentales radicados en Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua (países integrantes de la ALBA), sin precisar cifras.

Se destacó que “las declaraciones de Feierstein evidencian las denuncias de gobiernos e instituciones progresistas en América Latina y el Caribe sobre el carácter subversivo de los programas de la Usaid en la región, entre ellos, Ecuador, de lo cual El Telégrafo dio cuenta ayer a través de una investigación que reveló en qué consisten dos proyectos financiados por los EE.UU, por la suma de 4,3 millones de dólares.
Las notas de prensa agregaron que “esa agencia (USAID), presentada a veces como una organización civil independiente, actuó desde 1961 en consonancia con una estrategia destinada a contrarrestar la imagen agresiva estadounidense. De acuerdo con frecuentes denuncias de analistas, la entrega de capital a naciones pobres -con el pretexto de impulsar reformas sociales, industrializar o atender a sectores vulnerables- disfrazó las pretensiones de Washington, captó adeptos en todas partes y posibilitó la subversión política a favor de sus planes hegemónicos”.
ONG locales que participan directa e indirectamente de los dos proyectos financiados por los Estados Unidos
Cuatro Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) ecuatorianas estarían colaborando en el proyecto denominado “Fortalecimiento a la Sociedad Civil en el Ecuador” o también llamado “Ciudadanía Activa”, que cuenta con 1,8 millones de dólares.
En ella participa directamente Grupo Faro, la cual suscribió el convenio con la Usaid (ver facsímil), y como subcontratadas o socias del proyecto Fundamedios, Fundación Esquel y Fondo Ecuatoriano Populorium Progressio (FEPP).
El otro proyecto es “Fortalecimiento de la Democracia”, que, en cambio, lo ejecuta la Corporación Participación Ciudadana, entidad ligada a Fundamedios. Estas dos organizaciones, en los últimos años, han mantenido una línea de oposición política e ideológica al Gobierno de Rafael Correa, aunque sus voceros aseguran que no es así y que su posición es “política e ideológicamente independiente, que defienden el respeto a los derechos humanos y a la libertad de prensa y de expresión”.
Con financiamiento de la Usaid, estas organizaciones estarían colaborando con Washington para lograr influencia política en Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).
Tal influencia política se estaría gestando especialmente a través de “Ciudadanía Activa”. Sin embargo, Grupo Faro y Fundamedios, que han liderado campañas en contra del Proyecto de Ley de Comunicación y en contra del Decreto 982, niegan que los recursos estadounidenses que reciben los utilicen también para desarrollar una campaña para evitar la regulación estatal de ONG. Igual sostienen Esquel y el FEPP.
El Grupo Faro, presidido por Orazio Bellettini Cedeño, firmó el contrato con la Usaid para ejecutar el proyecto “Ciudadanía Activa”, el 29 de diciembre de 2010. Se planificó para un plazo de 29 a 30 meses, periodo en el cual la Usaid desembolsaría 2’580.000 dólares.
Sin embargo, las cifras son confusas: la Usaid dice que el convenio actualmente asciende a 1,8 millones de dólares, mientras que Faro indicó que es por 1,3 millones. Ninguna de las dos organizaciones, pese al requerimiento de El Telégrafo, facilitó los documentos de respaldo.
Por su parte, Fundamedios no reveló cuánto cobra por su aporte como subcontratista; Esquel, sin mostrar documentos, manifestó que cobra 181.502 dólares por su aporte técnico de dos años; y el FEPP dijo que cobra 172.000 dólares.
El proyecto, que coincidencialmente concluirá el 30 de junio de 2013, luego de los comicios generales en Ecuador, está en plena ejecución. Entre las actividades figuran: aumentar las capacidades de incidencia y vigilancia de las OSC, con especial atención al Consejo de Participación Ciudadana y a las instituciones relacionadas con el control y regulación de la comunicación, a través de talleres, foros, capacitaciones en estrategias de presión y vigilancia (lobby).
Otra de las acciones es “mejorar la capacidad de incidencia en políticas públicas relacionadas con el fortalecimiento de la democracia, para propiciar un marco legal más favorable a las actividades de OSC”. Esto contaría con el aporte local de Fundamedios y del International Center for Not-for-Profit-Law.
Pero eso no es todo. En coordinación con Fundamedios prevé la realización de talleres, capacitaciones, mesas redondas con periodistas, reporteros, articulistas y representantes de medios, a nivel nacional y regional sobre la libertad de expresión y prensa.
Esas actividades deben culminar con la producción de reportajes y artículos relacionados en los medios participantes.
Además, diseñar una estrategia de comunicación (incluyendo un espacio permanente en radio, foros, redes sociales y blogs) para incentivar el debate público sobre democracia, libertad de asociación y de prensa, rendición de cuentas, participación, control social y transparencia y desarrollar un manual para la participación ciudadana, control social e incidencia en la política pública”, dirigido a las OSC y al público en general.
La incidencia del Grupo Faro no es de ahora
Notas de prensa y documentos dan cuenta de que Grupo Faro implementó en 2009 un proyecto financiado por la Usaid para liderar una campaña contra el Decreto 982 que regula a las ONG. Para ello, organizó reuniones con entidades de la sociedad civil y elaboró documentos que “alertaban” sobre la supuesta desproporción estatal en la disolución de organizaciones sociales; en la exigencia de información a las organizaciones; revelación pública de la identidad de los miembros de estas organizaciones; y barreras financieras para la obtención de personería legal.
Bellettini explicó a El Telégrafo que al constatar que las organizaciones de la sociedad civil están pasando un “momento de debilidad”, decidieron unirse y colaborar con proyectos como este. “Nos dimos cuenta de que era importante encontrar recursos que nos permitieran que actividades tuvieran sostenibilidad en el tiempo. Por eso, desde 2008 presentamos propuestas concretas (a USAID) que permitan alimentar este proceso y en la que nos unimos cuatro organizaciones: Esquel, FEPP, Fundamedios y Grupo Faro”.
Respecto a “Ciudadanía Activa” dijo: “Fue un proyecto aprobado por 2,5 millones de dólares y un plazo de ejecución de 24 meses. Busca fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil”. Sin embargo, contó que el convenio entre Faro y Usaid, que supuestamente se firmó en enero de 2011, aunque Usaid sostiene que lo firmó en diciembre de 2010, ha sufrido recortes: bajó a 1,8 millones de dólares y ahora está en 1,3 millones.
Manifestó que con foros, cursos y talleresdesarrollan las capacidades de incidencia política, “pero desde la forma que entiende Faro, para que la sociedad civil no esté para oponerse por oponerse, sino con capacidad de proponer y de construir junto al Estado la política pública, lo que requiere de unas capacidades institucionales bien concretas, porque se necesita la capacidad de entender cómo se genera la información y a partir de esa información -de estadística y de información real- proponerle al Estado y trabajar conjuntamente con las instituciones públicas en políticas públicas de mejor calidad. Esa es la visión de capacidad que permean estos talleres”.
Frente al presunto objetivo político y el adoctrinamiento que perseguiría como trasfondo este proyecto, Bellettini aclaró: “No, más bien creemos que es una concienciación de que la política pública es tarea de todos. No hay adoctrinamiento, no vemos en esta una iniciativa desestabilizadora u opuesta filosóficamente al Gobierno”.
“Formar líderes ciudadanos es nuestra función. Nuestra función no es fomentar ningún tipo de proselitismo político, para eso no estamos las organizaciones”, añadió.
Respecto a la campaña que Faro realizó contra el Decreto 982, señaló que las iniciativas que han llevado adelante han sido más bien para mejorar la normativa que afecta a las organizaciones ciudadanas. “Lo que hemos dicho es que una parte del Decreto 982 hace ver mal al Gobierno y hace ver mal a la sociedad civil ecuatoriana”, puntualizó.
Reconoció que organizaciones como Faro dan informes de este y otros proyectos no solo a la Usaid, sino a sus donantes, pero aclaró que si uno de sus informes difundido a través de la página web es mal utilizado, no es responsabilidad de ellos, porque se trata de información pública. “No hay filtración (hacia EE.UU.) porque no hay manera, todo lo que hacemos es público. Filtración habría cuando parte de lo que hacemos sea privado, pero afortunadamente ese no es el caso de Faro”, destacó.
Respecto a lo que recibe cada una de las organizaciones que participan como subcontradas en el proyecto indicó: “Las proporciones exactas no me las sé, pero lo que sí puedo anticipar es que no son idénticas o que cada una lleva el 25%, ya que algunas tienen compromisos mayores y otras un poco menores”.
Diario El Telégrafo
http://prensaislamica.com/

enviado por ALFONSO GUEVARA
foto agregada por ALINE CASTRO