Los Estados Unidos reiteraron ayer su disposición para financiar a grupos opositores en algunos países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), un mecanismo de integración política, económica y social creado en 2004.
Según Mark Feierstein, administrador adjunto para América Latina y el Caribe de la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), Washington prioriza el apoyo a las fuerzas opositoras que “están luchando por los derechos humanos y la democracia” en esas naciones, según lo recogió ayer Prensa Latina y otros medios internacionales.
Feierstein confirmó que la Casa Blanca mantiene una estrecha relación y entrega fondos a sectores antigubernamentales radicados en Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua (países integrantes de la ALBA), sin precisar cifras.
Se destacó que “las declaraciones de Feierstein evidencian las denuncias de gobiernos e instituciones progresistas en América Latina y el Caribe sobre el carácter subversivo de los programas de la Usaid en la región, entre ellos, Ecuador, de lo cual El Telégrafo dio cuenta ayer a través de una investigación que reveló en qué consisten dos proyectos financiados por los EE.UU, por la suma de 4,3 millones de dólares.
Las notas de prensa agregaron que “esa agencia (USAID), presentada a veces como una organización civil independiente, actuó desde 1961 en consonancia con una estrategia destinada a contrarrestar la imagen agresiva estadounidense. De acuerdo con frecuentes denuncias de analistas, la entrega de capital a naciones pobres -con el pretexto de impulsar reformas sociales, industrializar o atender a sectores vulnerables- disfrazó las pretensiones de Washington, captó adeptos en todas partes y posibilitó la subversión política a favor de sus planes hegemónicos”.
ONG locales que participan directa e indirectamente de los dos proyectos financiados por los Estados Unidos
Cuatro Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) ecuatorianas estarían colaborando en el proyecto denominado “Fortalecimiento a la Sociedad Civil en el Ecuador” o también llamado “Ciudadanía Activa”, que cuenta con 1,8 millones de dólares.
En ella participa directamente Grupo Faro, la cual suscribió el convenio con la Usaid (ver facsímil), y como subcontratadas o socias del proyecto Fundamedios, Fundación Esquel y Fondo Ecuatoriano Populorium Progressio (FEPP).
El otro proyecto es “Fortalecimiento de la Democracia”, que, en cambio, lo ejecuta la Corporación Participación Ciudadana, entidad ligada a Fundamedios. Estas dos organizaciones, en los últimos años, han mantenido una línea de oposición política e ideológica al Gobierno de Rafael Correa, aunque sus voceros aseguran que no es así y que su posición es “política e ideológicamente independiente, que defienden el respeto a los derechos humanos y a la libertad de prensa y de expresión”.
Con financiamiento de la Usaid, estas organizaciones estarían colaborando con Washington para lograr influencia política en Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).
Tal influencia política se estaría gestando especialmente a través de “Ciudadanía Activa”. Sin embargo, Grupo Faro y Fundamedios, que han liderado campañas en contra del Proyecto de Ley de Comunicación y en contra del Decreto 982, niegan que los recursos estadounidenses que reciben los utilicen también para desarrollar una campaña para evitar la regulación estatal de ONG. Igual sostienen Esquel y el FEPP.
El Grupo Faro, presidido por Orazio Bellettini Cedeño, firmó el contrato con la Usaid para ejecutar el proyecto “Ciudadanía Activa”, el 29 de diciembre de 2010. Se planificó para un plazo de 29 a 30 meses, periodo en el cual la Usaid desembolsaría 2’580.000 dólares.
Sin embargo, las cifras son confusas: la Usaid dice que el convenio actualmente asciende a 1,8 millones de dólares, mientras que Faro indicó que es por 1,3 millones. Ninguna de las dos organizaciones, pese al requerimiento de El Telégrafo, facilitó los documentos de respaldo.
Por su parte, Fundamedios no reveló cuánto cobra por su aporte como subcontratista; Esquel, sin mostrar documentos, manifestó que cobra 181.502 dólares por su aporte técnico de dos años; y el FEPP dijo que cobra 172.000 dólares.
El proyecto, que coincidencialmente concluirá el 30 de junio de 2013, luego de los comicios generales en Ecuador, está en plena ejecución. Entre las actividades figuran: aumentar las capacidades de incidencia y vigilancia de las OSC, con especial atención al Consejo de Participación Ciudadana y a las instituciones relacionadas con el control y regulación de la comunicación, a través de talleres, foros, capacitaciones en estrategias de presión y vigilancia (lobby).
Otra de las acciones es “mejorar la capacidad de incidencia en políticas públicas relacionadas con el fortalecimiento de la democracia, para propiciar un marco legal más favorable a las actividades de OSC”. Esto contaría con el aporte local de Fundamedios y del International Center for Not-for-Profit-Law.
Pero eso no es todo. En coordinación con Fundamedios prevé la realización de talleres, capacitaciones, mesas redondas con periodistas, reporteros, articulistas y representantes de medios, a nivel nacional y regional sobre la libertad de expresión y prensa.
Esas actividades deben culminar con la producción de reportajes y artículos relacionados en los medios participantes.
Además, diseñar una estrategia de comunicación (incluyendo un espacio permanente en radio, foros, redes sociales y blogs) para incentivar el debate público sobre democracia, libertad de asociación y de prensa, rendición de cuentas, participación, control social y transparencia y desarrollar un manual para la participación ciudadana, control social e incidencia en la política pública”, dirigido a las OSC y al público en general.
La incidencia del Grupo Faro no es de ahora
Notas de prensa y documentos dan cuenta de que Grupo Faro implementó en 2009 un proyecto financiado por la Usaid para liderar una campaña contra el Decreto 982 que regula a las ONG. Para ello, organizó reuniones con entidades de la sociedad civil y elaboró documentos que “alertaban” sobre la supuesta desproporción estatal en la disolución de organizaciones sociales; en la exigencia de información a las organizaciones; revelación pública de la identidad de los miembros de estas organizaciones; y barreras financieras para la obtención de personería legal.
Bellettini explicó a El Telégrafo que al constatar que las organizaciones de la sociedad civil están pasando un “momento de debilidad”, decidieron unirse y colaborar con proyectos como este. “Nos dimos cuenta de que era importante encontrar recursos que nos permitieran que actividades tuvieran sostenibilidad en el tiempo. Por eso, desde 2008 presentamos propuestas concretas (a USAID) que permitan alimentar este proceso y en la que nos unimos cuatro organizaciones: Esquel, FEPP, Fundamedios y Grupo Faro”.
Respecto a “Ciudadanía Activa” dijo: “Fue un proyecto aprobado por 2,5 millones de dólares y un plazo de ejecución de 24 meses. Busca fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil”. Sin embargo, contó que el convenio entre Faro y Usaid, que supuestamente se firmó en enero de 2011, aunque Usaid sostiene que lo firmó en diciembre de 2010, ha sufrido recortes: bajó a 1,8 millones de dólares y ahora está en 1,3 millones.
Manifestó que con foros, cursos y talleresdesarrollan las capacidades de incidencia política, “pero desde la forma que entiende Faro, para que la sociedad civil no esté para oponerse por oponerse, sino con capacidad de proponer y de construir junto al Estado la política pública, lo que requiere de unas capacidades institucionales bien concretas, porque se necesita la capacidad de entender cómo se genera la información y a partir de esa información -de estadística y de información real- proponerle al Estado y trabajar conjuntamente con las instituciones públicas en políticas públicas de mejor calidad. Esa es la visión de capacidad que permean estos talleres”.
Frente al presunto objetivo político y el adoctrinamiento que perseguiría como trasfondo este proyecto, Bellettini aclaró: “No, más bien creemos que es una concienciación de que la política pública es tarea de todos. No hay adoctrinamiento, no vemos en esta una iniciativa desestabilizadora u opuesta filosóficamente al Gobierno”.
“Formar líderes ciudadanos es nuestra función. Nuestra función no es fomentar ningún tipo de proselitismo político, para eso no estamos las organizaciones”, añadió.
Respecto a la campaña que Faro realizó contra el Decreto 982, señaló que las iniciativas que han llevado adelante han sido más bien para mejorar la normativa que afecta a las organizaciones ciudadanas. “Lo que hemos dicho es que una parte del Decreto 982 hace ver mal al Gobierno y hace ver mal a la sociedad civil ecuatoriana”, puntualizó.
Reconoció que organizaciones como Faro dan informes de este y otros proyectos no solo a la Usaid, sino a sus donantes, pero aclaró que si uno de sus informes difundido a través de la página web es mal utilizado, no es responsabilidad de ellos, porque se trata de información pública. “No hay filtración (hacia EE.UU.) porque no hay manera, todo lo que hacemos es público. Filtración habría cuando parte de lo que hacemos sea privado, pero afortunadamente ese no es el caso de Faro”, destacó.
Respecto a lo que recibe cada una de las organizaciones que participan como subcontradas en el proyecto indicó: “Las proporciones exactas no me las sé, pero lo que sí puedo anticipar es que no son idénticas o que cada una lleva el 25%, ya que algunas tienen compromisos mayores y otras un poco menores”.
Diario El Telégrafo
http://prensaislamica.com/
enviado por ALFONSO GUEVARA
foto agregada por ALINE CASTRO
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