quinta-feira, 31 de maio de 2012

Por homicidios, torturas y otros atentados graves contra la libertad sindical El Tribunal Mundial de Libertad Sindical condena al estado colombiano




Tribunal Mundial de Libertad Sindical, Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil doce (2012)

El Tribunal Mundial de Libertad Sindical integrado por los siguientes Magistrados: LUIS ENRIQUE RAMÍREZ, Presidente; LYDIA GUEVARA RAMÍREZ, Secretaria; LUIZ SALVADOR, OSCAR ALZAGA, JOSÉ LUIS CONTRERAS MONTES, GRETEL HERNÁNDEZ OLIVA y SEBASTIÁN VISCUSO, reunidos en sesión plenaria, en el expediente caratulado “Sindicatos de Colombia c/ República de Colombia s/ Violación del principio de libertad sindical” (Causa No. 001/ 2012.), dicta la siguiente sentencia:

I.-Objeto de la controversia  

El Tribunal ha recibido una demanda general que resume la presentada por 81 organizaciones sindicales y por trabajadores independientes, cuyo detalle se realizó en el auto de admisión de la demanda, de fecha 23 de mayo de 2012. En ella se denuncian graves violaciones al principio de libertad sindical por parte de la República de Colombia, alegándose que los trabajadores de este país, “siempre han sido blanco de los ataques de la clase política tradicional”, situación que se habría agravado a partir de 1965, según los demandantes, cuando “se acogió por el Estado la doctrina de la seguridad nacional o del enemigo interno”. Dice la demanda que “el paramilitarismo se ha convertido en una política de Estado, cuyo blanco principal son los defensores de derechos humanos, los opositores y los trabajadores.”

Luego la demanda desarrolla y fundamenta este punto, explicando la responsabilidad de los Estados Unidos en la actividad paramilitar en Colombia y la complicidad de los partidos políticos tradicionales. La demanda también relata otras violaciones graves a los derechos humanos, cuyo origen se vincula al derecho de libertad sindical, que prácticamente es impedido su cabal ejercicio por los trabajadores.

II.- Competencia

En el auto de fecha 23 de mayo de 2012 el Tribunal fundamentó su legitimidad y su competencia para conocer en el presente caso. En primer lugar, por estar conformado por juristas y personalidades sociales de diferentes países, ajenos a la controversia planteada. Decíamos en esa oportunidad, que el Tribunal Mundial de Libertad Sindical – Colombia (TMLS), es un tribunal ético internacional, fundado por representantes de la sociedad civil que pretenden denunciar y hacer visible, ante la comunidad nacional e internacional, la sistemática violación en Colombia de una de las libertades fundamentales de la persona humana: la libertad sindical. Es un tribunal ético, porque nace con el propósito de generar conciencia sobre la degradación de ese derecho humano, que la institucionalidad no ha podido, o querido, preservar. Su existencia se explica por el fracaso de las estructuras políticas formales, en dar una respuesta adecuada a las agresiones que sufre la libertad sindical en este país.

Cuando los sistemas judiciales convencionales se muestran impotentes para suprimir esos comportamientos, por ser incompetentes, tolerantes o, peor aún, cómplices, entonces las víctimas y los pueblos tienen el derecho de reapropiarse democráticamente de la justicia, generando un espacio para la denuncia, la condena y la difusión de los hechos de violación de la libertad sindical, identificando a sus responsables.

 El Tribunal no sustituye a los tribunales formales, sino que coadyuva a que las normas nacionales e internacionales se reconozcan y apliquen. Sin lugar a dudas, este es un paso para terminar con la impunidad, al exhibir ante la comunidad local e internacional hechos que repugnan a la conciencia social de la humanidad, y que van a contramano del siglo XXI, que es el siglo de los derechos humanos. Se trata, ni más ni menos, que desenmascarar la injusticia, y forzar la reacción de aquellas personas e instituciones, que tienen la capacidad de movilizar mecanismos correctivos de estas conductas socialmente reprochables.

 Cuando la violación de los derechos en general, y de la libertad sindical en particular, pasan a ser parte del escenario de lo cotidiano, y cuando las conciencias parecen estar anestesiadas, seguramente como mecanismo de defensa para poder sobrevivir a semejante degradación social, entonces las instituciones entran en una profunda crisis. Pierden legitimidad porque pierden credibilidad. Y llegado a este punto, los pueblos tienen el derecho a exigir y buscar justicia, la que les permite alzar la voz y denunciar a los violentos, a los corruptos, a los delincuentes, a los explotadores, que degradan las instituciones republicanas y, en nuestro caso, a los que sistemáticamente violan el principio de libertad sindical en sus diversas manifestaciones.

III.- Trámite ante el Tribunal

Recibida la demanda, al estar designadas las partes y pertenecer los hechos denunciados al marco de competencia del Tribunal, se ordenó notificar al Presidente de la República de Colombia, Señor Juan Manuel Santos Calderón para que pueda ejercer el derecho de defensa. Paralelamente, se dispuso la producción de la prueba ofrecida por la parte demandante, ordenando que por Secretaría y atento a su volumen, sea reservada y archivada la documentación, y que se tome declaración a los testigos ofrecidos realizándose las audiencias los días 23 y 24 de mayo de 2012 en el horario de 09:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30 horas.

IV.- El marco normativo

Para resolver la controversia planteada, el Tribunal ajustó su decisión a la Constitución Política (CP) de la República de Colombia, artículos 25, 39, 53, 55 y 56; al Código Sustantivo del Trabajo (CST), a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), números 87 (1948) sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949), 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública (1978) y 154 sobre el fomento de la negociación colectiva (1981); a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art.23); a la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 20 y 23.4), a los llamados “Pactos de Nueva York”, el relativo a los Derechos Civiles y Políticos (art. 22.1) y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 8.1), el Protocolo de San Salvador (art. 8) y demás tratados que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia sindical. También se tuvieron en cuenta los dictámenes y resoluciones de los organismos internacionales de interpretación y aplicación de dichos tratados y convenios, como, por ejemplo, la Comisión de Expertos, la Comisión de Aplicación de Normas y el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Por último, pero muy especialmente, el Tribunal apoyó su decisión en la doctrina de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular en los casos “Baena, Ricardo y otros” (02/02/2001) y “ Huilca Tecse c/ Perú” (03/03/2005).

El Tribunal destaca que la profusión de normas internacionales que consagran el principio de libertad sindical, permite considerarlo como un derecho humano fundamental integrante del “ ius cogens ” o derecho consuetudinario de gentes, obligatorio para todos los países, conforme al Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados.   

V.- La libertad sindical

Ingresados en el siglo XXI, el Tribunal considera innecesario explayarse mayormente sobre la libertad sindical, uno de los pilares de toda sociedad democrática.

Baste decir que la libertad sindical comprende tanto a la llamada libertad sindical individual, consistente en la facultad de constituir sindicatos, afiliarse, no afiliarse o desafiliarse, como la libertad sindical colectiva o autonomía sindical, que permite a las organizaciones sindicales realizar toda actividad lícita, incluida la huelga, para la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores. La función de los sindicatos, en las sociedades modernas, es crear una fuerza social que contrarreste los poderes empresariales. Pero el desconocimiento sistemático de la libertad sindical deriva en una situación de debilidad estructural de las organizaciones gremiales, lo que facilita los abusos y atropellos a los derechos de los trabajadores.

La libertad sindical está íntimamente vinculada con la subsistencia del trabajador y de su familia, con la protección y mejoramiento de sus intereses y derechos, ya que es la garantía para el ejercicio de sus derechos laborales, como son al trabajo digno y estable y a una remuneración justa. Y si la libertad sindical está relacionada con la subsistencia de la persona, entonces está vinculada con el derecho a la vida, que es el primer derecho humano. Esto explica que la propia O.I .T diga en sus informes, que la libertad sindical y la libertad de asociación son un derecho humano fundamental y un valor medular del sistema, cuyo propósito principal es que los trabajadores defiendan sus derechos adquiridos y aún puedan mejorarlos.

Las normas constitucionales y la ratificación de los tratados internacionales sobre derechos humanos y los Convenios de la O.I.T., es un dato importante para juzgar la situación de la libertad sindical en Colombia. Pero lo verdaderamente esencial es el grado de aplicación efectiva de esa normativa.

Este Tribunal ha podido comprobar, con las pruebas producidas, que en Colombia existe una enorme brecha entre la norma jurídica protectora y su aplicación en la realidad. Se viola la libertad sindical cuando el ordenamiento jurídico interno crea condiciones para la existencia de organizaciones de trabajadores débiles y sin capacidad de acción sindical. También cuando se reglamenta el derecho de huelga para que sea inofensiva, o cuando la negociación colectiva es un burdo simulacro.

Pero la más grave violación de la libertad sindical se produce cuando la violencia contra el sindicalismo es permanente, en el marco de una evidente impunidad, sobre todo de los grupos paramilitares, lo que nos habla de un Estado ausente o, peor aún, cómplice.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “ Huilca Tecse c/ Perú” (03/03/2005), ha dicho: “El estado debe garantizar que las personas puedan ejercer libremente su libertad sindical sin temor de que serán sujetos a violencia alguna, pues, de lo contrario, se podría disminuir la capacidad de las agrupaciones de organizarse para la protección de sus intereses”. Agregando: “Por lo tanto, la ejecución de un líder sindical, en un contexto como el del presente caso, no restringe sólo la libertad de asociación de un individuo, sino también el derecho y la libertad de un determinado grupo a asociarse libremente, sin miedo o temor”.

La O.I.T ha señalado: “un clima de violencia, de presiones y de amenaza de toda índole contra dirigentes sindicales y sus familiares no propicia el ejercicio libre y el pleno disfrute de los derechos y libertades que consagran los Convenios núms . 87 y 98 y todo Estado tiene la ineludible obligación de fomentar y mantener un clima social donde impere el respeto a la ley, como único medio para garantizar el respeto y la protección a la vida”. (Véase Recopilación de 1996, párrafos 61 y 62; 306 .º informe, caso núm. 1903, párrafo 489, 331. Informe, casos núms . 1937 y 2027, párrafo 106; 327 .º informe, caso núm. 1787, párrafo 342 y 333. Informe, caso núm. 2268, párrafo 755.)

La experiencia indica que el ejercicio de la libertad sindical está claramente condicionado, por el nivel de respeto que exista en un país de las libertades individuales, en particular el derecho a la seguridad de las personas, la libertad de opinión y expresión, la libertad de reunión, el derecho a la defensa en juicio ante tribunales independientes e imparciales y el derecho a la protección de los sindicatos. En un país en el que se verifican graves violaciones de las libertades civiles, no puede existir libertad sindical. Colombia es un ejemplo, pues la sola existencia de los paramilitares es un atentado contra la legalidad y el Estado Social de Derecho.

Estrechamente vinculado con esta situación, aparece generalmente una administración de justicia deficiente, lo que sirve para incrementar aún más el clima de impunidad e inseguridad existentes. Las restricciones civiles y políticas constituyen una de las principales causas de violación de la libertad sindical, reconoce la O.I.T., lo que explica que casi la mitad de las quejas que recibe el Comité de Libertad Sindical se refieran a violaciones de derechos humanos. El mismo organismo internacional ha dicho, reiteradamente, que el concepto de derechos sindicales carece totalmente de sentido, cuando no existen las libertades civiles. Por ello ha insistido que un clima de violencia e inseguridad, es extremadamente perjudicial para el ejercicio de las actividades sindicales.

Es responsabilidad directa del Estado garantizar a los dirigentes sindicales, no sólo su vida, su integridad física, o su libertad, sino también la libertad de movimientos y de circulación, sin temor a represalia alguna. El Tribunal, conforme a la abrumadora prueba producida en esta causa, considera que el Estado colombiano no cumple con esa responsabilidad. 

VI.- Sobre los hechos comprobados

El Tribunal ha podido comprobar que en el Estado y sectores empresariales colombianos existe una especie de cultura antisindical, que corre en paralelo con una cultura de la violencia como forma de resolver los conflictos. Un comportamiento es cultural cuando más allá de su legalidad o legitimidad está socialmente considerado como incorporado al orden natural de las cosas. Está demostrado que la violencia ejercida desde el Estado o desde los grupos económicos, reduce la sindicalización y dificulta enormemente la formación de nuevos sindicatos.

En 1970 había una sindicalización del 14% de la población económicamente activa, y en la actualidad es menor del 4%, resultando que sólo el 2% de los trabajadores está amparado por la negociación colectiva. Con procesos de violencia contra la fuerza de trabajo se ha logrado en este país deslaboralizar la contratación individual, disfrazada como contratación civil, y sustituir al trabajador formal por trabajo subcontratado o tercerizado .

Paralelamente, este proceso ha sido acompañado por una fuerte ofensiva contra el derecho a la negociación colectiva, desnaturalizándose e incumpliéndose los convenios colectivos de trabajo vigentes, cuyas cláusulas son sistemáticamente violadas, tanto por el Estado como por los empleadores privados. La violencia antisindical ha posibilitado la aparición de cooperativas de trabajo asociado fraudulentas, que disfrazan como socios cooperativos a quienes no son otra cosa que trabajadores dependientes.

Otro fenómeno similar es la utilización fraudulenta de las agencias de servicios eventuales o temporarios, que pretenden reemplazar a los trabajadores efectivos por trabajadores que originan un menor costo laboral y que representan una fuerza de trabajo de difícil o imposible sindicalización. 

Este Tribunal considera que la mayoría de los trabajadores colombianos se encuentran en una situación laboral, que podríamos calificar como la prehistoria del Derecho del Trabajo, situación a la que se llega merced a los hechos reiteradamente mencionados y denunciados en esta causa.

Frente a la violencia irracional, generalmente originada en función de la protección de los intereses de los grupos económicos y de las empresas multinacionales, la reacción del Estado colombiano, reiteradamente denunciado y condenado por los organismos internacionales, ha sido la de desarrollar ineficientes procedimientos de protección de los dirigentes sindicales, omitiendo atacar con auténtica convicción política las causas que motivan dicha violencia.

El Tribunal da por acreditado que en Colombia existe una indisimulada alianza entre el Estado y los grupos económicos y financieros, locales y extranjeros. Por lo tanto, resulta evidente que existen poderosos intereses para mantener un movimiento sindical débil y fragmentado, situación que a veces se agrava por la actitud de alguna dirigencia sindical, que actúa según sus propios intereses. Ante los hechos notorios de graves violaciones a los derechos humanos de la clase trabajadora el Tribunal tiene por debidamente probada la impunidad con la que actúan los responsables de dichas violaciones. Y en este fenómeno es clara la responsabilidad del Poder Judicial. Los fueros sindicales, que son la herramienta que permite garantizar la actividad de los representantes sindicales, y que están reconocidos en la Constitución Política de Colombia y en los Convenios de la O.I.T., son sistemáticamente violados. El Tribunal ha podido comprobar, que el despido arbitrario de los dirigentes y activistas sindicales es un hecho que se reitera con llamativa regularidad. Situación que se ve agravada cuando con total impunidad se desconocen órdenes judiciales de reintegro de los trabajadores afectados.

En Colombia las relaciones laborales no son democráticas ni participativas. Son profundamente autoritarias. El trabajador es un sujeto sin voluntad, que deja en la puerta del establecimiento sus derechos ciudadanos. La empresa es, en general, una estructura autocrática, donde uno manda y los demás simplemente obedecen. Se desconoce el acuerdo bilateral y democrático de las partes que integran la relación laboral. El trabajador es un simple engranaje, fácilmente sustituible, de una maquinaria cuyas palancas son movidas por manos, cuyo dueño ignora. La estabilidad laboral es la madre de todos los derechos laborales, porque un trabajador sin estabilidad tiene escasas posibilidades de defenderlos.

El Tribunal ha podido comprobar que en Colombia las relaciones laborales son inestables, violentándose el principio de la permanencia del contrato de trabajo. La ausencia de libertad sindical, que lleva a un sindicalismo débil y fragmentado, permite que relaciones laborales que deberían ser por tiempo indefinido, por responder a necesidades empresariales permanentes, terminan disfrazadas como relaciones por plazo determinado, o como contratos de naturaleza civil, o como relaciones cooperativas, todas claras situaciones de burdo fraude laboral.

Es lógico que en este escenario, con una fuerza laboral temerosa de perder su puesto de trabajo, la discriminación, el abuso y la prepotencia patronal sean una consecuencia natural. El contrato de trabajo es, de por sí, una relación de poder; poder que se descontrola cuando no hay libertad sindical, como en el caso de Colombia. La debilidad del movimiento obrero en este país no es una casualidad, ni un hecho inevitable de la naturaleza. El Tribunal tiene por demostrado que hay un plan para que en Colombia exista una mano de obra dócil y barata. Y para ello es necesario que el sindicalismo no sea un obstáculo.

El procedimiento seguido para alcanzar este objetivo ha quedado a la vista en este expediente: la represión de la actividad sindical, la violencia extrema y la impunidad, dignas de los albores del siglo XIX y no de una sociedad democrática y moderna.

En este marco de franca desprotección de la clase trabajadora colombiana y de extrema debilidad del sindicalismo, no debería extrañar que el índice de siniestralidad laboral sea elevadísimo, lo que se ha podido comprobar a pesar de la ausencia de estadísticas oficiales confiables. Las condiciones de trabajo de un importante sector de trabajadores, son deplorables. Tales condiciones llevan a que un reducido número de trabajadores alcance los servicios de la seguridad social, desprotegiendo a la mayoría. La protección de la vida y la salud del trabajador, que son su único patrimonio, es considerado un costo laboral, que no todos los empleadores están dispuestos a pagar. A ello se suma la ineficacia de los organismos estatales, que deberían controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad laboral.

El Tribunal se hace cargo que el discurso oficial pretende, especialmente en los foros internacionales, alegar que Colombia es un país en el que actualmente se respetan los derechos de los trabajadores y la actividad sindical. Sin embargo, la mejor prueba de la falsedad de tales afirmaciones es la resolución adoptada por la Corte Constitucional de Colombia en el caso P 750/2011, en la que expresamente se declara “la actividad sindical en el país es de alto riesgo”.

VII.-Normatividad regresiva 

1. Aún está vigente el artículo 430 del Código Sustantivo de Trabajo (CST) que prohíbe la huelga en una amplia gama de actividades económicas que no son servicios esenciales, pese a que los organismos de control de la OIT, especialmente el Comité de Libertad Sindical, en varias ocasiones ha recomendado reglamentar el derecho de huelga, conforme a los criterios de la propia OIT en materia de servicios esenciales.
2. Las federaciones y confederaciones tienen prohibido declarar la huelga en el artículo 417 del CST.
3. Frente a más de un millón de empresas y 19 millones de trabajadores y trabajadoras que hay en Colombia, la negociación colectiva negociación colectiva El proceso de negociar términos y condiciones de trabajo mutuamente aceptables, así como de regular las relaciones laborales entre uno o varios representantes de los trabajadores/as, sindicatos o centrales sindicales por un lado, y un empleador, un grupo de empleadores o una o más organizaciones patronales por el otro, es prácticamente marginal. 
4. Véase convenio colectivo La negociación colectiva cubre a menos del 2% de los trabajadores colombianos. Por la exclusión de un gran número de trabajadores de la aplicación del régimen laboral del Código Sustantivo del Trabajo, de los 19´138.000 trabajadores, solo al 30% se les aplica dicho Código, y sólo 124.200 trabajadores se benefician de algún tipo de acuerdo colectivo. Se aprecia una grave exclusión del derecho de negociación colectiva de los trabajadores con vínculo diferente al contrato de trabajo.
5. La Ley 1453 reformó el artículo 200 del Código Penal, condenando a quien perturbe reunión, asociación o huelga. Esta protección es insuficiente. Es una norma inane, a la fecha no se ha estrenado y no se conoce una sentencia que aplique esta disposición.
6. El Estado colombiano expidió el Acto Legislativo No 01 de 2005, prohibiendo el tema de pensiones en la negociación colectiva.
7. El Estado colombiano expidió el Decreto 535 de 2009, por medio del cual se reglamenta la concertación de las condiciones laborales de los empleados públicos, con lo cual se niega la negociación colectiva de dichos trabajadores. Pero aún con la “concertación” se niega asuntos que excedan el campo laboral, tales como: la estructura organizacional, las plantas de personal, las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado, los procedimientos administrativos y el principio del mérito como presupuesto esencial de la carrera administrativa.

VIII- Violaciones contra la vida e integridad personal, al derecho de asociación y negociación colectiva, persecución sindical, criminalización de actividad sindical. Para simplificar la lectura de la presente sentencia y atento a la significativa cantidad de casos que han sido presentados ante el Tribunal durante las audiencias de los días 23 y 24 de mayo de 2012 y los que han continuado llegando durante el desarrollo de las sesiones del Tribunal, el detalle de los mismos se contiene en el Anexo No. 1, que debe considerarse formando parte integrante de esta Resolución.

IX. En mérito de todo lo expuesto y sobre la base de la prueba colectada, el Tribunal Mundial de Libertad Sindical resuelve:
  1. Condenar al Estado de la República de Colombia por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación del principio de Libertad Sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados, amenazas, despidos y represalias con motivo del ejercicio de la actividad sindical.
  2. Exhortar al Gobierno de la República de Colombia a que adopte todos los recaudos necesarios para garantizar en el país la Libertad Sindical, suprimiendo de inmediato todos los obstáculos y restricciones que han sido denunciados en esta causa.
  3. Exigir al Gobierno de la República de Colombia que prohíba, cese y sancione con el rigor necesario, todos los comportamientos violentos, cualesquiera que sean sus autores, que afectan el libre ejercicio de la actividad sindical.
  4. Dirigirse a cada una de las empresas e instituciones públicas involucradas en la denuncia recibida, para que cesen en sus actos y políticas antisindicales. En el caso de empresas multinacionales, el Tribunal se dirigirá a la casa matriz.
  5. Poner en conocimiento de la Organización Internacional del Trabajo la presente sentencia. Designar a la Dra. Gladys Delgado de Rodríguez para realizar los trámites de notificación.
  6. Comunicar a todo el movimiento obrero organizado, local e internacional, lo resuelto en esta causa.
  7. Notificar esta sentencia a los organismos defensores de los Derechos Humanos, locales e internacionales.
  8. Pasar a un cuarto intermedio, hasta la fecha y en el lugar que oportunamente se fijarán, para analizar la evolución de la situación de la Libertad Sindical en Colombia.
Fuente - Comitê de solidariedade ao povo colombiano.

PRESIDENTE DILMA VETOU: Conheça todos os 12 vetos ao novo Código Florestal


Impedir a anistia a quem desmatou e proibir a produção agropecuária em áreas de proteção permanente (APPs) foram alguns dos principais objetivos da presidenta Dilma Rousseff aovetar parte do novo Código Florestal na sexta-feira, 25 de maio. Os vetos de 12 artigos resgatam o teor do acordo firmado entre os líderes partidários e o governo durante a tramitação da proposta no Senado.
O Artigo 1º, que foi modificado pelos deputados após aprovação da proposta no Senado, foi vetado. Na medida provisória (MP) publicada hoje (28) no Diário Oficial da União, o Palácio do Planalto devolve ao texto do Código Florestal os princípios que haviam sido incorporados no Senado e suprimidos, posteriormente, na segunda votação na Câmara. A MP foi o instrumento usado pelo governo para evitar lacunas no texto final.

Os ministros anunciaram vetos em 12 itens e 32 modificações no texto do Código
Florestal, feitos pela presidenta Dilma Rousseff, na última semana/Foto: José Cruz/ABr


Também foi vetado o Inciso 11 do Artigo 3º da lei, que trata das atividades eventuais ou de baixo impacto. O veto retirou do texto o chamado pousio: prática de interrupção temporária de atividades agrícolas, pecuárias ou silviculturais, para permitir a recuperação do solo.

Artigo 61 previa a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo
e turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008 - o governo vetou/Foto: leoffreitas

Recebeu veto ainda o Parágrafo 3º do Artigo 4º que não considerava área de proteção permanente (APP) a várzea (terreno às margens de rios, inundadas em época de cheia) fora dos limites estabelecidos, exceto quanto houvesse ato do Poder Público. O dispositivo vetado ainda estendia essa regra aos salgados e apicuns – áreas destinadas à criação de mariscos e camarões.
Foram vetados também os parágrafos 7º e 8º. O primeiro estabelecia que, nas áreas urbanas, as faixas marginais de qualquer curso d'água natural que delimitem as áreas das faixas de passagem de inundação (áreas que alagam na época de cheia) teriam sua largura determinada pelos respectivos planos diretores e pela Lei de Uso do Solo, ouvidos os conselhos estaduais e municipais do Meio Ambiente. Já o Parágrafo 8º previa que, no caso de áreas urbanas e regiões metropolitanas, seria observado o dispositivo nos respectivos planos diretores e leis municipais de uso do solo.
OParágrafo 3º do Artigo 5º também foi vetado. O dispositivo previa que o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial poderia indicar áreas para implantação de parques aquícolas e polos turísticos e de lazer em torno do reservatório, de acordo com o que fosse definido nos termos do licenciamento ambiental, respeitadas as exigências previstas na lei.

APP em Minas Gerais. Parágrafo 3º do Artigo 4º desconsiderava área de proteção
permanente (APP) a várzea (terreno às margens de rios, inundadas em época de
cheia) fora dos limites estabelecidos, exceto quanto houvesse ato do Poder Público/Foto: Paula FJ

Já noArtigo 26, que trata da supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo tanto de domínio público quanto privado, foram vetados o 1º e 2º parágrafos. Os dispositivos detalhavam os órgãos competentes para autorizar a supressão e incluía, entre eles, os municipais do Meio Ambiente.
A presidenta Dilma Rousseff também vetou integralmente o Artigo 43. Pelo dispositivo,as empresas concessionárias de serviços de abastecimento de água e geração de energia elétrica, públicas ou privadas, deveriam investir na recuperação e na manutenção de vegetação nativa em áreas de proteção permanente existente na bacia hidrográfica em que ocorrer a exploração.
Um dos pontos que mais provocaram polêmica durante a tramitação do código no Congresso, o Artigo 61, foi vetado. O trecho autorizava, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.
Também foram vetados integramente os artigos 76 e 77. O primeiro estabelecia prazo de três anos para que o Poder Executivo enviasse ao Congresso projeto de lei com a finalidade de estabelecer as especificidades da conservação, da proteção, da regeneração e da utilização dos biomas da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga, do Pantanal e do Pampa. Já o Artigo 77 previa que na instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente seria exigida do empreendedor, público ou privado, a proposta de diretrizes de ocupação do imóvel.
A MP que complementa o projeto, publicada nesta segunda-feira (28), vale por 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias - ela ainda será votada pelo Congresso.
Retificação
Um dia após publicar a Medida Provisória (MP) para tentar suprir os buracos deixados pelos vetos ao novo Código Florestal, o governo federal retificou a redação de um incisivo sobre a recomposição das APPs.
O texto original da MP recebeu críticas de ambientalistas porque permitia a recomposição de APPs com espécies exóticas, como eucaliptos. A retificação basicamente delimita a utilização de espécies exóticas, acrescentando que esta se justifica apenas no caso de pequenas propriedades rurais.
Onde se lê: "IV - plantio de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, sendo nativas e exóticas".
Leia-se: "IV - plantio de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, sendo nativas e exóticas, no caso dos imóveis a que se refere o inciso V do caput do art. 3o."
www.adital.com.br

foto agregada por ALINE CASTRO

segunda-feira, 21 de maio de 2012

VENEZUELA integrando su pueblo través la "inclusión digital"...: CANTV: 5 AÑOS Y UN MILLÓN 600 MIL CANAIMITAS

 
Hoy se cumplen cinco años de la nacionalización de CANTV. En el marco de este aniversario el ejecutivo nacional aprueba recursos para la entrega de nuevas Canaimitas.
Para democratizar el acceso al conocimiento liberador y a las nuevas tecnologías de comunicación e información, el Gobierno Bolivariano aprobó nuevos recursos para ampliar el proyecto Canaima Educativo.

El ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, informó a través de su cuenta en Twitter @jaarreaza que “a 5 años de nacionalización de CANTV: el Comandante dispuso de 657 millones Bs. de sus dividendos para que TODA la primaria tenga su Canaimita”.

El ministro Arreaza informó en la misma red social que, para el desarrollo del referido plan educativo, a los 657 millones de bolívares provenientes de los dividendos de CANTV, se suman otros 300 millones del Fondo Científico, creado luego de la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología.

El programa Canaima Educativo beneficia a estudiantes de escuelas públicas nacionales, estadales, municipales, autónomas y privadas subsidiadas por el Estado. Nace en 2009, con la cooperación solidaria de Portugal, para la formación integral de los más pequeños, a través de la dotación gratuita de una computadora portátil escolar, con novedosos contenidos educativos, funciones y aplicaciones creados en software libre por docentes venezolanos.
tomado del facebook  de Jesus Cruz
foto agregada por ALINE CASTRO

sexta-feira, 18 de maio de 2012

BRASIL: ... TORTURA NUNCA MAIS ...

                                                                  DILMA ROUSSEF,
         PRISIONEIRA POLÍTICA, TORTURADA EN LAS CÁRCELES DE LA DITADURA EN BRASIL
                                                             PRESIDENTA DO BRASIL

BRASIL: Comissão da Verdade quer incluir 370 camponeses na lista de vítimas da ditadura




Brasília - O governo quer incluir pelo menos 370 camponeses, assassinados entre 1961 e 1988, na lista oficial de mortos e desaparecidos da ditadura militar. São, principalmente, sindicalistas e lideranças de lutas coletivas que tombaram em decorrência da política repressora dos militares. Segundo o coordenador do Projeto Memória e Verdade da Secretaria de Direitos Humanos (SDH), Gilney Viana, a invisibilidade dos trabalhadores rurais é tão grande que eles foram alijados, até mesmo, das leis da Anistia, de 1979, e da Comissão de Mortos e Desaparecidos, de 1995, criadas para reparar a violência cometida pelos agentes de estado, durante o regime. “Esses camponeses são os desaparecidos dos desaparecidos”, afirma.


Autor do estudo que levantou nomes e biografias dos trabalhadores rurais mortos e desaparecidos, Gilney atesta que, de 1961, o chamado período pré-ditadura, até 1988, o da redemocratização, 858 camponeses foram, comprovadamente, assassinados no campo brasileiro. Além dos já 370 já catalogados pela pesquisa como vítimas do regime, há outros 488 casos em que não há informações suficientes para que seja feita a caracterização como tal.

O curioso, segundo ele, é que apenas 15% deles foram assassinados diretamente pelos agentes de estado. A maioria foi morta por jagunços e milícias a serviço dos latifundiários. “Mesmo no auge da ditadura, a repressão no campo foi praticamente majoritariamente pelos agentes privados. Os militares terceirizaram a repressão aos camponeses. Por isso, é tão difícil para os familiares dessas vítimas comprovarem a responsabilidade do Estado sobre os assassinatos”, acrescentou.



Nas palavras da deputada Erika Kokay (PT-DF), que presidiu a sessão convocada pela Comissão Parlamentar da Verdade para discutir o tema, “o estado alimentava a mão armada do latifúndio para substituí-lo na execução dos crimes”. Segundo ela, esses crimes precisam ser reconhecidos e punidos, para que a cultura da violência não perpetue no país. “A democratização não significou o arrefecimento da repressão no campo. A terra e seus trabalhadores continuam sendo tratados como pertences de uma pequena elite”, denunciou.

Giley Viana atestou que, de fato, o número de camponeses assassinados após a Lei da Anistia e no chamado período de redemocratização foi maior do que o registrado durante a ditadura. Entre 1964 e 1979, o período mais duro do regime, há registros de 246 mortos e desaparecidos. Entre 1979 e 1885, ou seja, da edição da Lei da Anistia à redemocratização, de 379. “Os militares, primeiro, acabaram com a resistência ao regime nas cidades para depois se dedicarem ao campo”.

O coordenador do Projeto Memória e Verdade ressaltou, ainda, que a
Comissão de Mortos e Desaparecidos, desde que foi criada, apreciou mais de 800 requerimentos de familiares de vítimas, reconhecendo um total de 457 vítimas da ditadura. Destas, apenas 17 eram camponeses. “Especialmente aqueles que tinham uma militância partidária pública. Os camponeses comuns, que não pertenciam à partidos políticos ou escondiam sua militância, não foram beneficiados pela lei”, contabiliza. Ele estima que a Lei da Anistia também não beneficiou os camponeses na proporção necessária. Dos 70 mil pedidos recebidos pela Comissão, menos de mil se referem ao seguimento.

O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e coordenador do livro “Retrato da repressão política no campo – Brasil 1962-1985: camponeses torturados, mortos e desaparecidos”, Moacir Gracindo Soares Palmeira reiterou que, quando se fala em ditadura, se pensa quase que automaticamente em repressão a estudantes, jornalistas e militantes de esquerda. “Apesar da chamada agitação no campo ter sido apontada como uma das causas do golpe militar, muito pouco se falava sobre a repressão no campo, principalmente em função da censura”, observou.

Símbolo da resistência camponesa ao regime, o eterno militante maranhense, Manoel da Conceição, concorda que os trabalhadores rurais merecem o reconhecimento da história. Ele mesmo, que foi preso nove meses, sofreu toda sorte de torturas, perdeu uma perna e testemunhou execuções e chacinas, não sabe contabilizar o número de companheiros perdidos durante a luta pela terra e contra a repressão. E é exemplo vivo da inoperância do Estado em reparar as famílias dos camponeses vítimas do regime. Há seis anos processa o estado brasileiro, sem sucesso.

 18/05/2012
Por Najla Passos
Da Carta Maior

www.mst.org.br
foto  del libro agregada por ALINE CASTRO

BRASIL ABRE LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA : "Verdugos e vítimas" (Emir Sader)


Instala-se finalmente esta semana a Comissão da Verdade, com uma excelente composição, que permitirá que cumpra plenamente com as funções que lhe foram atribuídas. Estas são, centralmente, a apuração das violações dos direitos humanos promovidas pelo Estado brasileiro apropriado pela ditadura militar para impor um regime de terror no país; e escrever a interpretação que o Estado democrático brasileiro tem daquele período.

Esta visão orientará os trabalhos da Comissão, tipificando o que sucedeu no pais naquele período caracterizado pela ditadura militar e pelo ataque e destruição de tudo o que tivesse a ver com a democracia no Brasil. As pesquisas – sua sistematização e seu aprofundamento – deverão ocupar grande parte das energias e do tempo da Comissão, mas poderão se apoiar na extensa lista de investigações desenvolvidas por órgãos ligados aos direitos humanos nas ultimas décadas, para o que contarão com o a possibilidade de engajar pessoal qualificado para esse trabalho, com as dezenas de Comissões Estaduais da Verdade, assim como com órgãos ligados aos direitos humanos e com o apoio total da Presidência da Republica para dispor dos recursos que necessite.

A simples instalação da Comissão da Verdade deixa ouriçados os setores que estiveram, direta ou indiretamente, envolvidos. Tentam envolver a todos, para tentar banalizar as ações do regime de terror, do qual eles foram cumplices. Gostariam de igualar verdugos e vitimas, agentes da tortura e opositores ao regime, ditadura e democracia.

O que houve no Brasil foi uma ocupação do Estado pelas FFAA, que o militarizaram e impuseram uma ditadura no país. Daí as funções da Comissão da Verdade. Propor que se investiguem “dois bandos” é supor que o que houve de 1964 a 1985 foi uma guerra civil entre dois lados. Quando o que houve inquestionavelmente foi uma ditadura militar.

Aconteceu algo similar ao que ocorreu na Alemanha na época do nazismo, na Itália com o fascismo, na Espanha com o franquismo, em Portugal com o salazarismo. Não se tratou ali e não se trata hoje, de apurar as ações dos opositores a esses regimes totalitários, mas das ações desses regimes na violação da democracia e nos crimes cometidos contra seus opositores. Aqui também.

O incômodo que a Comissão da Verdade gera em setores que foram cúmplices da ditadura ou seus agentes diretos, por si só, é confissão de culpa. Ninguém deveria ter medo de falar na Comissão da Verdade. Aqueles que acreditam que seus nomes foram injustamente envolvidos em acusações de crimes e cumplicidade – sejam pessoas, órgãos da imprensa, associações políticas – deveriam se propor voluntariamente a declarar, para esclarecer, de uma vez por todas, seus tipos de envolvimento com a ditadura militar.

A Comissão da Verdade começa a funcionar esta semana e o Brasil finalmente poderá, de forma oficial, esclarecer o que ocorreu no período mais negativo da sua historia. Seremos melhores com o seu funcionamento e as conclusões que apresentar, teremos uma história mais transparente e estaremos mais protegidos contra a possibilidade de que aventuras ditatoriais como aquela voltem a assolar o país.
www.cartamaior.com.br

Posneoliberalismo en Brasil (Emir Sader)


Las referencias fundamentales para comprender el mundo contemporáneo son el imperialismo y el capitalismo, sin los cuales nada resulta inteligible. Así, evaluar a gobiernos y a fuerzas políticas significa, antes que todo, evaluar la posición que tienen respecto a estas dos referencias.

Los nuevos gobiernos latinoamericanos, que se volvieron mayoritarios en el continente, deben ser considerados progresistas, porque desarrollan procesos regionales de integración autónomos respecto a la hegemonía norteamericana y, por otro lado, a contramano de los gobiernos neoliberales que los han precedido, priorizan políticas sociales y no ajustes fiscales, a la vez que desarrollan Estados que inducen el crecimiento económico y garantizan derechos sociales, en lugar de Estados mínimos.

En el período histórico contemporáneo, los gobiernos y las fuerzas políticas tienen que ser evaluados en esa óptica: en qué medida reproducen o ayudan a superar el neoliberalismo, en qué medida fortalecen o debilitan la hegemonía norteamericana. Muchos otros aspectos pueden ser tomados en cuenta, pero lo central, lo determinante, para evaluar gobiernos y fuerzas políticas son esos criterios.

Gobiernos latinoamericanos como los de México, Chile, Colombia, Panamá, entre otros, por ejemplo, reproducen el modelo neoliberal y, a la vez, son aliados fieles del gobierno norteamericano, representando uno de los polos del campo político latinoamericano.

Por otra parte, los gobiernos progresistas tienen una postura de independencia y soberanía en sus políticas externas, constituyendo un bloque de gobiernos que resisten a la influencia norteamericana en la región. En el marco interno, han reaccionado frente a los gobiernos neoliberales, disminuyendo el principal problema latinoamericano, la desigualdad.

Por eso son gobiernos progresistas, antineoliberales, y trabajan por un mundo multipolar, debilitando la hegemonía norteamericana en el mundo. Sus rasgos centrales tocan en los factores decisivos de la hegemonía imperial norteamericana y en los elementos centrales del modelo neoliberal: la centralidad del mercado, el Estado mínimo y los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos.

Esos gobiernos tienen que enfrentar la herencia de graves retrocesos que sufrió América Latina, como consecuencia de las trasformaciones igualmente regresivas que se dieron en escala mundial. En este plan, se pasó de un mundo bipolar a un mundo unipolar, bajo hegemonía imperial norteamericana. Se pasó de un ciclo largo expansivo del capitalismo a un ciclo largo recesivo. De la hegemonía de un modelo regulador o keynesiano o de bienestar social – o como se lo quiera denominar– a la hegemonía de un modelo de mercado, de un modelo liberal.

América Latina sufrió los reflejos de esas trasformaciones bajo formas específicas, pero no menos duras. Primero fue la crisis de la deuda, que cerró el más largo ciclo de expansión de las economías latinoamericanas, que venía desde los años 1930. En segundo lugar, dictaduras militares que han roto la capacidad de resistencia en algunos de los países más importantes del continente –Brasil, Chile, Uruguay, Argentina–. En tercer lugar, gobiernos neoliberales, fenómeno que convirtió a América Latina en la región con el mayor número de gobiernos con ese carácter y en sus modalidades más radicales.

El nuevo rol de Brasil

El gobierno brasileño de Lula fue el segundo en ser elegido, en 2002, después de Hugo Chávez, y se inició con una postura que fue fundamental para el futuro de América Latina; recogiendo las manifestaciones en contra Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el gobierno brasileño bloqueó su concreción, abriendo espacio para el fortalecimiento y expansión de los procesos de integración regional. Brasil empezaba a redefinir su lugar en el plano internacional, saliendo de la tradicional situación subordinada a los Estados Unidos, adoptando una posición soberana, independiente, lo cual fue decisivo para cambiar la correlación de fuerzas en el continente y para generar el aislamiento de Estados Unidos en la región.

Paralelamente, el gobierno Lula definió la prioridad de las políticas sociales, en lugar del ajuste fiscal, lo cual le permitió, aun bajo duros ataques de la derecha, conquistar gran popularidad, superar esa ofensiva, consolidar su liderazgo y elegir su sucesora. Todo ello fue posible porque Brasil –el país más desigual del continente y del mundo– por primera vez disminuyó la desigualdad, la pobreza y la miseria.

Con el gran apoyo popular logrado, Lula impuso varias derrotas a la derecha. Aun teniendo prácticamente toda la prensa en contra suyo, Lula logró reelegirse y elegir su sucesora, Dilma Rousseff, como presidente de Brasil.

Sin embargo, ese proceso no se da de manera lineal, ni ha logrado superar los principales escollos para consolidar lo conquistado y seguir avanzando. Los avances en Brasil se llevaron a cabo en las líneas de menor resistencia de las relaciones de poder existente.

El gobierno posneoliberal en Brasil avanzó inicialmente en dos líneas de mayor debilidad del neoliberalismo: las prioridades de las políticas sociales, a través de un agregado de programas –como bolsa familia, luz para todos, mi casa mi vida, micro créditos, entre otros–; pero el que más efectos sociales tiene ha sido el aumento continuo de los sueldos y de los empleos formales. Y los proyectos de integración regional, partiendo del Mercosur, ampliando ese proceso hacia Unasur, el Consejo Suramericano de Defensa, el Banco del Sur, la Comunidad de Estados Latinoamericanos.

Frente a la crisis del 2008, quedó claro que había una tercera dimensión en la diferenciación del gobierno brasileño respecto al neoliberalismo: el rol del Estado, que pasó a ser instrumento esencial para políticas anticíclicas de resistencia a la recesión internacional. En lugar del Estado mínimo, se impuso un Estado inductor del crecimiento económico y garantía de la afirmación de los derechos sociales.

La economía brasileña salió de la larga recesión que Lula había heredado de Cardoso, por primera vez disminuyó la desigualdad social, Brasil pasó a tener protagonismo internacional, en el plano regional y en los intercambios Sur-Sur.

Esas grandes transformaciones en la sociedad y en el Estado brasileño se han hecho en el marco de las regresiones apuntadas anteriormente. Algunos de estos avances han sido recuperación de la capacidad de acción del Estado, la recuperación de los niveles de formalización del mercado de trabajo, el rescate de las múltiples formas de fragmentación social.

Pese a estos avances, que determinaron que un gobierno como el de Lula alcance el mayor apoyo que gobierno alguno haya tenido, aun con los grandes medios en su contra, no hubo transformaciones estructurales en aspectos determinantes en la sociedad brasileña.

Los desafíos

La coyuntura actual plantea con claridad justamente los tres más importantes temas pendientes en Brasil, para que la superación del neoliberalismo adquiera un carácter irreversible. Por una parte, Dilma Rousseff desarrolla una fuerte ofensiva contra lo que fue una marca negativa distintiva de Brasil: la tasa de interés más alta del mundo.

Si ese ya era un problema que frenaba el ritmo de desarrollo de la economía brasileña, se ha vuelto aún más grave cuando las grandes potencias del centro del capitalismo, frente a la crisis que viven, promueven formas de proteccionismo cambiario, devaluando sus monedas y aumentando así su competitividad, arrojando, además, dinero al mercado para socorrer a sus economías en crisis, capitales que llenan las economías periféricas. Brasil es víctima privilegiada de estas políticas, por su alta tasa de interés.

El gobierno pasó a usar fuertemente los bancos públicos para presionar la baja de las tasas de interés, con resistencia inicial de los bancos privados, hasta que tuvieron que ceder, acompañando la baja. Pero el enfrentamiento se planteó claramente, con la Presidenta de Brasil reiterando un discurso duro en contra del capital especulativo y logrando el aislamiento de los bancos.

Paralelamente, la gran bancada parlamentaria vinculada a los agronegocios aprobó una reforma profundamente regresiva en el Código Forestal, contando con los votos de la derecha, de aliados de centro del gobierno e incluso de un partido de izquierda (PC do B). Dilma, cuando se acerca la reunión de Río+20, va a vetar por lo menos algunas partes de la ley, especialmente en la que se decreta amnistía para quienes han deforestado.

Dilma choca así con dos de los sectores que se han constituido en los mayores obstáculos a la implementación de un modelo de ruptura con el modelo neoliberal. El tercero es el monopolio privado de medios de comunicación. Estos pasaron a estar bajo ataque, no por iniciativa del gobierno, sino por una investigación parlamentaria que involucra medios de la prensa privada –toda ella opositora– con casos de flagrante corrupción. Ello pone a la mídia privada a la defensiva y bajo acusación, mientras que hasta aquí han estado en la ofensiva en las denuncias en contra del gobierno.

De la resolución de esos conflictos dependerá en buena medida la evolución posterior del gobierno brasileño. Además, se discute este año en el Congreso brasileño el tema del financiamiento público de las campanas electorales, que tiene dificultades para ser aprobado, pero sin el cual se vuelve casi imposible un cambio popular en la composición del Parlamento. Asimismo, en las elecciones municipales se juega la continuidad o no de la derecha en la dirección de la principal ciudad del país –Sao Paulo– en donde precisamente el candidato derrotado en las elecciones presidenciales –José Serra– es, hasta ahora, el favorito para triunfar, pero que encuentra un eventual obstáculo en el empeño de Lula de hacer campaña activa a favor del joven ex-Ministro de Educación, Fernando Haddad.

- Emir Sader, sociólogo y cientista político brasileño, es secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Este texto es parte de la revista “América Latina en Movimiento”, No 475, correspondiente a mayo de 2012 y que trata sobre "América Latina: Las izquierdas en las transiciones políticas” disponible en http://alainet.org/publica/475.phtml

URL de este artículo: www.alainet.org/active/54960
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domingo, 13 de maio de 2012

LAS MADRES: Desde el dolor y la esperanza

Un especial para todas las madres del planeta, para aquellas que luchan contra la injusticia y el olvido
     Las madres de Soacha, cuyos hijos fueron asesinados por el Ejército colombiano y presentados como guerrilleros dados de baja en combate, se han convertido en un símbolo actual de la lucha en contra de la injusticia y la impunidad.

Ilustración publicada por ALEXANDRA TORO, Bogotá - Colombia en Plastilinacreativa  

  
Las mujeres en Colombia son las más afectadas por la guerra.
Muchas madres indígenas, campesinas y afrodescendientes han sido desplazadas,
sus hijos y familiares víctimas de masacres, desapariciones, asesinatos. 


“El señor Presidente nunca tiene tiempo para nosotras” - Entrevista a una de las madres de soacha



 MAGDALENAS POR EL CAUCA


http://magdalenasporelcauca.wordpress.com/



MADRE TIERRA
http://red-latina-sin-fronteras.lacoctelera.net/post/2010/04/20/mensaje-la-cumbre-la-madre-tierra-eduardo-galeano


PROHIBIDO ENTERRAR LA VERDAD / Medellín - Comuna 13
http://www.reporterosdecolombia.net/node/185

PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON / Madres de La Candelaria
 http://www.madresdelacandelaria.org/




« Las mujeres no parimos más hijos ni más hijas para la guerra »
http://www.rutapacifica.org.co/



ANTE LA IMPUNIDAD DE LAS DICTADURAS / América Latina
Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina, Nicaragua, El Salvador, Honduras; países de américa latina que han tenido dictaduras militares, orquestadas, preparadas y auspiciados desde el principal laboratorio de guerra de nuestro continente: La Escuela de las Américas. En cada país distintas estrategias de exigencia por la verdad y contra la impunidad surgieron dando lecciones de persistencia y construyendo una memoria que pretende ser silenciada.
http://www.desaparecidos.org/fedefam/

LAS MADRES DE JUÁREZ / México
En Ciudad Juárez desaparecen mujeres y no se vuelve a saber más de ellas, a menos que sus raptores decidan hacer aparecer sus cuerpos sin vida y con evidencias claras de haber sido brutalmente torturadas y asesinadas, violadas y arrancadas partes de su cuerpo o quemadas. Las familias que participamos en este movimiento hemos convertido en fuerza nuestro dolor. Después de enfrentarnos, además del brutal asesinato de nuestras hijas, a la ineptitud, intransigencia, encubrimiento, corrupción, a la más indiferente actitud de funcionarios y autoridades. http://www.mujeresdejuarez.org/
Video Amnesty International - Mujeres de Juarez


"Pienso en las Madres de la Plaza de Mayo, cuya ronda de todos los jueves a las tres de la tarde es un ritual que habla -para quien puede entenderlo- a los más profundos estratos de la conciencia. Varias veces me acerqué a esa plaza como quien se acerca a un lugar sagrado. Aquellas mujeres vestidas de negro, con sus pañoletas blancas y las fotografías de sus Desaparecidos entre sus manos, mantienen viva la conciencia moral del continente... Han preferido seguir siendo llama eterna que arde junto al sepulcro de la dignidad humana, donde ofician como intransigentes centinelas de su resurrección. Tienen la convicción de que a sus Desaparecidos  -despojados cruelmente de su vida y dignidad- sólo les quedó el Derecho a la Justicia, del cual ellas no los despojarán mientras vivan. Qué sería del continente sin este humanitario testimonio?". 20 años de Asfaddes - Javier Giraldo M, Sacerdote jesuíta colombiano. Leer más...

Chico Buarque- Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo




LAS MADRES DEL CARACAZO / Venezuela
Las madres y familiares de las víctimas de la violenta represión a las protestas populares en 1989 se han unido para exigir verdad, justicia, para documentar los casos. Una vez levantado el toque de queda, los familiares de estas víctimas se encontraron en la morgue de Bello Monte, donde descubrieron que su caso no era aislado y que, por el contrario, había cientos de madres, esposas, hijos e hijas reclamando los cadáveres de sus familiares muertos y en muchos casos desaparecidos.
http://www.cofavic.org.ve
A 21 años del caracazo - video


LAS MADRES DE LOS DESAPARECIDOS / Honduras
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
- COFADEH, surge al iniciar la década de los años ochenta, en plena aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, marcada por la militarización de la sociedad y la subordinación extrema de las instituciones civiles a las fuerzas armadas. Este marco propició el uso de métodos y técnicas de terrorismo de Estado, que acabaron metiendo a la disidencia social y política a un callejón de 10 años teñidos de sangre e impunidad. Esa es “La Década Perdida”, de la que el COFADEH es sobreviviente.
http://www.cofadeh.org/

LAS ARPILLERAS: MUJERES COSIENDO HISTORIAS / Chile

En 1974, un pequeño grupo de mujeres cuyos hijos habían desaparecido desde su detención, comenzaron a reunirse para confeccionar tapices (tapestries). Sus trabajos tienen un fuerte contenido de denuncia de los crímenes contra derechos humanos en su país. Las arpilleras se crearon en un ambiente de silencio y miedo, y narran historias a través de colores y formas. En ellas se describen eventos de la vida de la nación: historias de pérdidas, de la negación del futuro, de la ausencia de felicidad, del deseo de paz. A las mujeres las une el dolor, la ausencia y la búsqueda inútil de sus parientes perdidos. Leer más...
Caleidoscopio: Mujeres cosiendo historias - TVE



LAS VOCES DE LAS MADRES PALESTINAS / Medio Oriente


Una vez más, los niños se han convertido en las víctimas más frágiles e indefensas de la sociedad civil en el conflicto del medio oriente. Las escuelas permanecen cerradas, escasean la comida y los medicamentos... La sociedad civil, por su parte, está empezando a organizarse en torno a las madres de los niños asesinados, tal y como ocurrió durante las etapas más duras de la primera Intifada que se inició en 1987. Leer más..

UN DOLOR CONVERTIDO EN POESÍA / Ruanda
 
 

YOLANDE MUKAGASANA nació en Ruanda en 1954. Sobrevivió el genocidio de 1994, donde perdió a sus tres hijos, a su marido y a sus hermanos. En memoria del genocidio y con objeto de ayudar a la reconstrucción de su país, escribió tres libros titulados La Muerte No Me Desea; No Temas Saber; y Las heridas del Silencio. Hoy, ella ha formado una nueva familia al adoptar a tres de sus sobrinas que quedaron huérfanas en el genocidio. Leer más...
 
EL PAÍS DE LOS NIÑOS PERDIDOS / España
En España continuan existiendo más de 150.000 desaparecidos en fosas clandestinas y un número indeterminado de niños robados por la dictadura de Franco a sus verdaderas familias, y entregados a otras afines al régimen consideradas como "más adecuadas".
Los niños perdidos del franquismo - Documental

TENGO DERECHO A SABER QUE HA PASADO / Chipre




"El 15 de agosto de 1974 a las 9:30 de la mañana el ejército turco entró a nuestro pueblo. Nos detuvieron (...) Mujeres y niños regresamos a nuestros hogares. A los hombres los dejaron con la excusa de que debían interrogarlos. Nos prometieron que los dejarían libres. Nunca más los volví a ver. Como ser humano, como madre, como esposa, tengo derecho a saber que ha pasado con nuestros seres queridos. Exigimos una respuesta. ¿Dónde están los desaparecidos?". Panayota Solomí, símbolo de las madres chipriotas en su lucha por la justicia. Leer más...


http://comunicaciones.acantioquia.org/

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sábado, 12 de maio de 2012

homenage a la "MADRE DE TODOS".. (quarta leitura - português)


Resistência à Economia Verde defendida pelo capital na Rio+20 

A Rio 92, mais conhecida como ECO92, possibilitou alguns importantes avanços, colocando a questão ambiental no âmbito da relação sociedade-Estado. Definiu-se questões importantes como o Princípio da Precaução e a criação das três convenções que ocorrem até os dias atuais: Desertificação, Diversidade Biológica (CDB) e Mudanças Climáticas (UNFCCC).
No entanto, com a crise do capitalismo mundializado, a expansão do mercado se estende para exploração, até o esgotamento, dos recursos naturais causando grandes transformações no ambiente e no trabalho e na vida das populações camponesas. O capital está se organizando para se apropriar dos territórios camponeses e transformar a natureza em uma série de mercadorias.
No Brasil, por exemplo, temos cerca de 220 milhões de hectares em Unidades de Conservação e Terras Indígenas. Somando-se ai as áreas das comunidades tradicionais, quilombolas e camponesas, que possuem expressivas áreas conservadas de natureza, chegamos a cerca mais de ¼ de todo o território nacional onde o capital ainda não possui mecanismos de acumulação.
Nas duas últimas convenções da ONU sobre o Clima (Copenhague e Cancún) o que se viu foram o império das propostas do capital e a derrota de toda a agenda popular, que estava sintetizada na proposta boliviana dos direitos da Mãe-Terra.
Dentre os principais instrumentos do capital para transformar as mudanças climáticas em maior acumulação estão o investimento massivo em novas fontes de energia (sem debater para onde vai a energia que já produzida), o desenvolvimento de espécies transgênicas resistentes às alterações do clima e a criação de um fundo internacional para o clima, atrelado ao Banco Mundial.
Há uma clara intencionalidade na Rio +20, conferencia que vai celebrar os 20 anos da Rio 92 de lançar para o mundo a síntese das falsas soluções: a economia verde. O objetivo é trocar o Estado pelo Mercado na mediação sobre os bens comuns e os territórios. O último documento apresentado para a Rio +20 chega a ser escandaloso. Considera que “o caminho do desenvolvimento deve manter, aprimorar e, quando possível, reconstruir capital natural como um bem econômico crítico”.
E vai além: Uma economia verde, com o passar do tempo, cresce mais rapidamente do que a economia marrom, enquanto mantém e restabelece o capital natural (...). Um cenário de investimento verde de 2% do PIB mundial proporciona um crescimento a longo prazo, entre 2011-2050. Ou seja, além de defender que a tal economia verde deve servir para a continuidade da acumulação capitalista, defende que 98% do PIB continue atrelado ao tradicional sistema de acumulação capitalista que vem levando nosso planeta ao colapso.
Por último, o atrelamento da Rio +20 com os interesses do mercado fica mais claro ainda quando o texto defende a relação dessa Conferência com a OMC: “As negociações atuais da Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio oferecem a oportunidade de promover uma economia verde. Uma conclusão bem sucedida destas negociações poderia contribuir para a transição para uma economia verde”.
O capitalismo verde irá avançar justamente sobre os países onde os povos do campo ainda estão em seus territórios. Ao mercado, tudo. Tudo? O capitalismo quer devorar nossa natureza e roubar nossos territórios. Por isso temos o dever de dar uma mensagem clara ao mundo contra as falsas soluções, defendendo a Mãe Terra, a agricultura camponesa e a soberania dos povos.

A Rio 92, mais conhecida como ECO92, possibilitou alguns importantes avanços, colocando a questão ambiental no âmbito da relação sociedade-Estado. Definiu-se questões importantes como o Princípio da Precaução e a criação das três convenções que ocorrem até os dias atuais: Desertificação, Diversidade Biológica (CDB) e Mudanças Climáticas (UNFCCC).
No entanto, com a crise do capitalismo mundializado, a expansão do mercado se estende para exploração, até o esgotamento, dos recursos naturais causando grandes transformações no ambiente e no trabalho e na vida das populações camponesas. O capital está se organizando para se apropriar dos territórios camponeses e transformar a natureza em uma série de mercadorias.
No Brasil, por exemplo, temos cerca de 220 milhões de hectares em Unidades de Conservação e Terras Indígenas. Somando-se ai as áreas das comunidades tradicionais, quilombolas e camponesas, que possuem expressivas áreas conservadas de natureza, chegamos a cerca mais de ¼ de todo o território nacional onde o capital ainda não possui mecanismos de acumulação.
Nas duas últimas convenções da ONU sobre o Clima (Copenhague e Cancún) o que se viu foram o império das propostas do capital e a derrota de toda a agenda popular, que estava sintetizada na proposta boliviana dos direitos da Mãe-Terra.
Dentre os principais instrumentos do capital para transformar as mudanças climáticas em maior acumulação estão o investimento massivo em novas fontes de energia (sem debater para onde vai a energia que já produzida), o desenvolvimento de espécies transgênicas resistentes às alterações do clima e a criação de um fundo internacional para o clima, atrelado ao Banco Mundial.
Há uma clara intencionalidade na Rio +20, conferencia que vai celebrar os 20 anos da Rio 92 de lançar para o mundo a síntese das falsas soluções: a economia verde. O objetivo é trocar o Estado pelo Mercado na mediação sobre os bens comuns e os territórios. O último documento apresentado para a Rio +20 chega a ser escandaloso. Considera que “o caminho do desenvolvimento deve manter, aprimorar e, quando possível, reconstruir capital natural como um bem econômico crítico”.
E vai além: Uma economia verde, com o passar do tempo, cresce mais rapidamente do que a economia marrom, enquanto mantém e restabelece o capital natural (...). Um cenário de investimento verde de 2% do PIB mundial proporciona um crescimento a longo prazo, entre 2011-2050. Ou seja, além de defender que a tal economia verde deve servir para a continuidade da acumulação capitalista, defende que 98% do PIB continue atrelado ao tradicional sistema de acumulação capitalista que vem levando nosso planeta ao colapso.
Por último, o atrelamento da Rio +20 com os interesses do mercado fica mais claro ainda quando o texto defende a relação dessa Conferência com a OMC: “As negociações atuais da Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio oferecem a oportunidade de promover uma economia verde. Uma conclusão bem sucedida destas negociações poderia contribuir para a transição para uma economia verde”.
O capitalismo verde irá avançar justamente sobre os países onde os povos do campo ainda estão em seus territórios. Ao mercado, tudo. Tudo? O capitalismo quer devorar nossa natureza e roubar nossos territórios. Por isso temos o dever de dar uma mensagem clara ao mundo contra as falsas soluções, defendendo a Mãe Terra, a agricultura camponesa e a soberania dos povos.

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foto agregada por ALINE CASTRO

homenage a la "MADRE DE TODOS".. (terceira leitura - português)


 Leonardo Boff: Código Florestal mal intencionado

 Lamento profundamente que a discussão do Código Florestal foi colocada preferentemente num contexto econômico, de produção de commodities e de mero crescimento econômico.

Isso mostra a cegueira que tomou conta da maioria dos parlamentares e também de setores importantes do Governo. Não tomam em devida conta as mudanças ocorridas no sistema-Terra e no sistema-Vida que levaram ao aquecimento global.

 

 

Este é apenas um nome que encobre práticas de devastação de florestas no mundo inteiro e no Brasil, envenenamento dos solos, poluição crescente da atmosfera, diminuição drástica da biodiversidade, aumento acelerado da desertificação e, o que é mais dramático, a escassez progressiva de água potável que  atualmente já tem produzido 60 milhões de exilados.

Aquecimento global significa ainda a ocorrência cada vez mais frequente de eventos extremos, que estamos assistindo no mundo inteiro e mesmo em nosso país, com enchentes devastadoras de um lado, estiagens prolongadas de outro e vendavais nunca havidos no Sul do Brasil que produzem grandes prejuízos em casas e plantações destruídas.

A Terra pode viver sem nós e até melhor. Nós não podemos viver sem a Terra. Ela é nossa única Casa Comum e não temos outra.

A luta é pela vida, pelo futuro da humanidade e pela preservação da Mãe Terra. Vamos sim produzir, mas respeitando o alcance e o limite de cada ecossistema, os ciclos da natureza e cuidando dos bens e serviços que Mãe Terra gratuita e permanentemente nos dá.

E vamos sim salvar a vida, proteger a Terra e garantir um futuro comum, bom para todos os humanos e para a toda a comunidade de vida, para as plantas, para os animais, para os demais seres da criação.

A vida é chamada para a vida e não para a doença e para morte. Não permitiremos que um Código Florestal mal intencionado ponha em risco nosso futuro e o futuro de nossos filhos, filhas e netos. Queremos que eles nos abençoem por aquilo que tivermos feito de bom para a vida e para a Mãe Terra e não tenham motivos para nos amaldiçoar por aquilo que deixamos de fazer e podíamos ter feito e não fizemos.

O momento é de resistência, de denúncia e de exigências de transformações nesse Código que modificado honrará a vida e alegrará a grande, boa e generosa Mãe Terra. Agora é o momento da cidadania popular se manifestar. O poder emana do povo.

A Presidenta e os parlamentares são nossos delegados e nada mais. Se não representarem o bem do povo e da nação, de nossas riquezas naturais, de nossas florestas, de nossa fauna e flora,  de nossos rios, de nossos solos e de nossa imensa biodiversidade, perderam a legitimidade e o uso do poder público é usurpação.
Temos o direito de buscar o caminho constitucional do referendo popular. E aí veremos o que o povo brasileiro quer para si, para a humanidade, para a natureza e para o futuro da Mãe Terra.

2 de maio de 2012
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